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La AVT impulsa la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid

AVT.     07-02-2017

El pasado 10 de enero, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, presentó el borrador de una ley que “actualiza la anterior, desfasada después de 20 años de vigencia”.  La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó el papel y la indudable labor desarrollada por la AVT en la elaboración del anteproyecto de la futura ley.

La memoria de las víctimas será el eje fundamental de la nueva ley, que regulará un conjunto de ayudas y medidas tanto a favor de quienes, teniendo una vinculación con la Comunidad de Madrid, sufran una acción terrorista como de las entidades que representan y defienden sus intereses, con la finalidad de rendir homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

La norma incorporará nuevas ayudas económicas y medidas asistenciales para las víctimas del terrorismo, dentro del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid y desde una perspectiva integral, que abarcará los ámbitos sanitario, social, educativo, de empleo o de vivienda y que incluirá ayudas por fallecimiento, daños físicos o psíquicos y por daños materiales.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Alfonso Sánchez, ha valorado positivamente este borrador, ya que “una normativa transversal como ésta que entra en todos los campos, no solo en el económico sino también en el asistencial y de memoria de las víctimas es muy de tener en cuenta”.

El proyecto incluye también un capítulo específico sobre las actuaciones que la Comunidad de Madrid impulsará, en el ámbito de sus competencias, para favorecer, apoyar y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo, con especial atención en la educación en valores democráticos y contra la violencia terrorista.

Para el presidente de la AVT “el elemento clave de esta nueva ley es su espíritu de conservar la memoria de las víctimas, sobre todo ahora cuando desde ciertos sectores se quiere cambiar la historia y hacer pasar a los malos por buenos”.

La norma se someterá ahora al trámite de información pública, para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno regional y su posterior remisión a la Asamblea de Madrid.

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