El pasado 5 de agosto salía de prisión el sanguinario terrorista Santi Potros, responsable de algunos de los atentados más cruentos cometidos por la organización terrorista ETA. Fue puesto en libertad tras haber cumplido 31 años de prisión, 18 de ellos en cárceles españolas por los atentados cometidos en nuestro país. En el momento en el que los abogados de la AVT tuvieron conocimiento de esta decisión, y en coordinación con el departamento psicosocial, se puso en marcha el protocolo previsto para informar a las víctimas directamente afectadas.

Pese a que se trata de una decisión legal, ya que la excarcelación es fruto del cumplimiento definitivo de la condena, no deja de ser doloroso presenciar cómo un terrorista, responsable directo de 40 asesinatos y cientos de heridos, sale sonriente de prisión tras haber cumplido apenas 18 años de condena. Esta anomalía jurídica es fruto del sistema de redenciones previsto en el Código Penal de 1973 y de la derogación de la “doctrina Parot”. Y hablamos de anomalía jurídica porque no parece muy justo que alguien que ha asesinado a cuarenta personas cumpla la misma condena que una persona que ha matado a dos.

Tal y como defendimos en su momento, tanto públicamente como ante los tribunales de justicia, la “doctrina Parot” era completamente constitucional, y su finalidad no era otra que hacer el sistema de cumplimiento de las condenas un poco más justo para las víctimas del terrorismo, estableciendo que el cómputo de las redenciones se haría del total de las condenas impuestas en sentencia y no del límite máximo de cumplimiento fijado en la ley. Lamentablemente esta interpretación jurisprudencial fue anulada por el TEDH y decenas de terroristas fueron puestos en libertad por cumplimiento de sus condenas.

Vienen tiempos duros para las víctimas del terrorismo. Todos aquellos terroristas que hayan sido juzgados y condenados por el Código Penal del 1973 por atentados cometidos hasta 1995, momento en el que entró en vigor el nuevo Código Penal que eliminó las redenciones de pena, podrán beneficiarse del sistema de redenciones previsto en la ley y verán como sus condenas podrán reducirse una media de diez años de prisión.

Desde la AVT seguiremos denunciando públicamente cualquier anomalía jurídica que consideremos injusta para las víctimas del terrorismo y trabajando para que las víctimas sean informadas de este tipo de decisiones por personal cualificado y no por la prensa con el dolor añadido que ello supone.

Campaña de confusión en torno a los acercamientos de presos

El mes de agosto ha sido un mes convulso en cuanto a las informaciones relacionadas con los supuestos acercamientos de presos. El hecho de que agosto sea un mes con menos actividad, en lo que a noticias se refiere, hace que cualquier noticia tenga un mayor eco mediático. Esta circunstancia, junto con el empeño de algunos representantes del gobierno de querer vender a toda costa algunas decisiones como novedosas y relacionadas con una nueva política penitenciaria, hicieron que se generara cierta confusión en torno al supuesto acercamiento de los terroristas Olga Sanz y Xabier Moreno.

En este sentido debemos señalar que el supuesto “primer acercamiento de la nueva política penitenciaria del gobierno” ni era acercamiento ni se correspondía a la nueva política penitenciaria que el gobierno ha anunciado que pondrá pronto en marcha (previsiblemente en la última semana de agosto). Se trataba de la concesión de un tercer grado a Xabier Moreno, a Olga Sanz le fue concedido en febrero, de conformidad con la política penitenciaria denominada “Vía Nanclares” puesta en marcha hace ya algunos años y basada en el supuesto arrepentimiento de algunos terroristas a cambio de mejorar su situación penitenciaria.

De ahí que, aunque la AVT se opuso desde el principio a la “Vía Nanclares” por considerar que se estaban fomentando falsos arrepentimientos a cambio de beneficios penitenciarios, valoráramos esta decisión como de “legal” y la desvinculáramos de la política de acercamientos anunciada por el gobierno.

Desde nuestro parecer la gravedad no se encuentra tanto en la decisión en sí, sino en el empeño de algún representante del gobierno en querer vender como novedad algo que no lo era y como un gesto de la nueva política penitenciaria de Sánchez; generando gran confusión entre la opinión pública y extendiendo una cortina de humo ante lo verdaderamente importante que son los planes del gobierno de acercar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco sin exigir un pronóstico favorable de reinserción previo.

Acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco

En 1989, el gobierno socialista del  momento puso en marcha una nueva política penitenciaria, basada en la dispersión de los presos vinculados con la organización terrorista ETA, entre los diferentes centros penitenciarios de nuestro país. La finalidad no era otra que favorecer la reinserción de este tipo de presos, rompiendo el control que la dirección de la organización terrorista ejercía sobre ellos al estar todos agrupados en determinadas prisiones.

Ahora, casi treinta años después, otro gobierno socialista pretende poner fin a esta medida que ha demostrado ser tan eficaz para la reinserción de los presos de ETA. Desde la AVT nos mostramos contrarios a esta anuncia fundamentalmente por dos razones. Una primera de política criminal, ya que proceder al acercamiento de los presos con carácter general, por muy individual y progresivo que se realice, se trataría de una cesión ante una reivindicación histórica de ETA y un pago al apoyo de determinados grupos políticos al nuevo gobierno. Y una segunda de política penitenciaria, ya que suspender la política de dispersión sin exigir ningún requisito previo a los presos supondría mejorar la situación penitenciaria de los presos sin primar su reinserción.

De ahí que desde la AVT hayamos rechazado cualquier acercamiento de presos que no se haga de una manera individualizada y atendiendo a las circunstancias individuales de cada preso y a su pronóstico favorable de reinserción que pasa necesariamente por el arrepentimiento sincero, no a la firma de una mera carta de trámite, la colaboración con la justicia y el repudio de la violencia ejercida por ETA durante décadas. Solo así consideramos que esta nueva política penitenciaria, que pretende poner en marcha el gobierno, estaría encaminada a la verdadera reinserción de los presos.