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Recuperar el pasado

Alfonso Sánchez, Presidente de AVT.     21-12-2017

Froilán Elespe fue asesinado por ETA en marzo de 2001. Casado y con dos hijos, el que fuera concejal socialista en la localidad guipuzcoana de Lasarte recibió un disparo en la cabeza en un bar cercano a su domicilio. Nada se supo del individuo que apretó el gatillo, que huyó de la escena del crimen sin dejar rastro. Seis años más tarde, Natividad Junko murió en un accidente de coche cuando se dirigía a la cárcel de Teruel, donde su yerno, Unai González, cumplía condena por pertenecer a una banda juvenil vinculada a los terroristas. Dos tragedias que el Parlamento vasco equiparó en una de sus ponencias de Memoria al considerar, a instancias de EH Bildu, que fueron causa y efecto de la misma naturaleza de violencia.

En efecto, seis años después de que el Estado de Derecho obligara a ETA a abandonar las armas, la ideología totalitaria de la banda criminal ha conseguido penetrar en algunos sectores del País Vasco y Navarra. La ductilidad de las instituciones a la hora de determinar quién es o dejar de ser «víctima de la violencia» alimenta el temor de aquellos que padecieron la crueldad de los asesinos a que su discurso radical cale en las nuevas generaciones y distorsione la realidad. El «relato» de esta negra etapa de la historia de España se ha convertido, de esta forma, en un arma política, un señuelo para blanquear el pasado de una organización que dejó tras de sí más de 850 muertos.

Decía Ana Velasco Vidal-Abarca, hija del exjefe del cuerpo de Miñones de Álava Jesús Velasco –asesinado en 1980– y de una de las fundadoras de la AVT, Ana María Vidal-Abarca, que el hecho de que el Parlamento vasco acepte a los terroristas como «víctimas de las dispersión» no hace más que «legitimar» los crímenes de ETA y, por ende, su razón de ser: «Está intentando equiparar en cierta manera lo que ellos llaman violencias de todo tipo, y eso puede, y de hecho justifica, que los terroristas tengan un motivo para matar», alegó, al tiempo que lamentó que tanto el Estado como las administraciones autonómicas hayan «arrinconado» la presencia pública de las víctimas, que pusieron en juego sus propias vidas para «defender la democracia y la libertad de España».

Un sentimiento que quedó también reflejado en los cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En su cuarta edición, María Jiménez Ramos, profesora de la Universidad de Navarra, hacía hincapié en que el relato «no será completo ni justo» si no recoge los testimonios de las víctimas: «Sin ellos es imposible diseccionar la onda expansiva del terrorismo», consideró, pues «mientras para la mayoría de los ciudadanos un atentado es un hecho puntual», para los que lo han sufrido «supone el primer capítulo de sus vidas después del acontecimiento que las ha marcado de forma definitiva».

El camino hacia la desaparición

Apuntillar el verdadero relato del terrorismo en España no solo ayudaría a avanzar en términos de democracia y justicia, sino que también influiría en los futuros movimientos de una banda que, seis años después de declarar el alto el fuego, se mantiene activa y goza de una estructura sólida. En este sentido, los criminales, sabedores de que su única salida es la desaparición, tratan de adueñarse del pasado para blanquear su historia y mantener vivo su proyecto absolutista. Una huida hacia adelante que, a la postre, les permitiría liquidar la organización sin condenar la violencia ni pedir perdón a las víctimas.  

Asfixiada por la presión de organismos españoles e internacionales, la propia banda ha dado ya los primeros pasos hacia su final definitivo. Su objetivo es que los gobernantes del País Vasco y Navarra miren hacia Cataluña y emprendan un camino semejante al de la Generalitat, aunque, en cualquier caso, la banda no formaría parte de dicho proceso: «ETA es perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene, nuestra organización no será un agente principal», afirmó en un comunicado remitido al diario Gara en el que, a su vez, abogó por alcanzar la independencia de Euskal Herria «solo desde medios civiles y democráticos».

Valores totalmente extrínsecos a la organización criminal, que ha cedido el timón a su «militancia» para que sea ella la que determine el rumbo en el proceso de liquidación. El relato vuelve a cobrar especial relevancia en este punto, dado que, en su intento de tergiversar lo que realmente sucedió, ETA recela del término «disolución» y se empeña en hablar de «desmovilización», palabra que la ONU define como «la baja oficial y controlada de los combatientes activos de las fuerzas y grupos armados». Un burdo intento por convertir a los asesinos en soldados de una guerra que nunca se libró pero que, sin embargo, fue aplaudido en la reunión del Foro Social Permanente que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en San Sebastián.

La batalla por el pasado se aventura larga y difícil, pues la propaganda radical no escasea. En este sentido, la labor de asociaciones como la AVT resulta fundamental para dar voz a las verdaderas víctimas y desvelar las falsedades del relato de ETA, cuya sombra todavía acecha a un país que no ha cicatrizado las heridas de medio siglo de terror.  

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