Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación relativas al bar Faisán son un ejemplo de que la política antiterrorista del actual Gobierno está llena de aplicaciones torticeras de la Ley, como ya ocurriera con Bolinaga cuando no mandarle a morir a su casa era prevaricar y ahora se cumplen dos años de su libertad, con la celeridad en aplicar la doctrina Parot o con los sucesivos permisos penitenciarios a presos que no colaboran con la justicia.

El caso Faisán es el último ejemplo de una tomadura de pelo para las víctimas y de una política que busca premiar a quienes no han colaborado en esclarecer quién dio la orden del chivatazo.

Desde la AVT tras un primer análisis de la noticia de la prejubilación "express" de José María Ballesteros por parte de un Tribunal Médico que avala la petición del inspector de optar a una baja por incapacidad permanente, llegamos a la conclusión de que supone un fraude de Ley reiterado que demuestra que es más una decisión política que judicial o medica, ya que tanto Pamies como Ballesteros tendrían que haber sido expulsados automáticamente del Cuerpo una vez que la sentencia adquirió firmeza como deja claro el artículo 66. del Estatuto Básico del Empleado Público.

En este sentido hay que tener en cuenta que:

• La decisión adoptada es contraria a las normas del ordenamiento jurídico que rigen sobre la materia y, por tanto, ilegal. Además resulta contraria a la lógica jurídica constituyendo un evidente fraude de ley ya que el resultado que se pretende obtener (la jubilación de José Maria Ballesteros) está prohibido por el ordenamiento, ya que no se puede resolver el expediente de inutilidad física solicitado por Ballesteros, con la única intención de acceder a la jubilación, obviando para ello la aplicación de las normas penales y disciplinarias que debieron aplicarse y que suponen la expulsión del Cuerpo Nacional de Policía. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo (por sentencia de 10 de Junio de 1.997) corrobora nuestra interpretación ya que establece como norma general la prioridad en la tramitación de los expedientes disciplinarios sobre el expediente de perdida de aptitudes psicofísicas.
• El Real Decreto Legislativo 1/1994 del 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social establece que tras el paso de 12 meses o bien 18 meses de baja médica, sino se hubiera producido ninguna mejoría se procederá a evaluar el estado de la persona y determinar así si la misma se encuentra en una situación crónica e irreversible y sus lesiones son determinantes de invalidez. En este caso llama la atención que Jose María Ballesteros, tan solo haya tardado 9 días en conseguir la jubilación por "incapacidad permanente" (presentó su baja médica el 21 de julio de 2014 y el 30 de julio ya había pasado tribunal médico y este mismo tribunal dictaminó la incapacidad permanente"), sin que exista en ningún momento una revisión de la misma.

Nos parece un insulto que este condenado pase el Tribunal Médico en poco más de una semana cuando victimas miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que pasar por un periplo, de informe en informe, para conseguir tras muchos años una jubilación más que merecida. Todo esto nos lleva a pensar que con este Gobierno te jubilan más fácil por colaborar con ETA que por sufrir un atentado de la banda.

Una vez más nos enteramos de estas noticias en agosto, justo cuando hay menos repercusión mediática y social.

Es muy grave que un Ministerio esté premiando a unas personas sentenciadas por favorecer a ETA y posibilitar que no detuvieran a los terroristas, hechos que desde nuestro punto de vista se enmarcan dentro de la colaboración con banda armada aunque el Tribunal lo tipificará como revelación de secretos. No olvidemos que esto favoreció que siguiera en marcha el aparato logístico y humano de ETA, que siguió matando.

Ante semejante escándalo esperamos que el Ministerio de Interior rectifique y subsane dicha decisión. Recordamos que hubo un tiempo en que el partido del Gobierno, antes en la oposición, se le llenaba la boca diciendo que habría que sacar la verdad del Faisán y así lo pedían cada semana en el Congreso de los Diputados. Pero todo lo contrario, más que sacarlo a la luz han decidido enterrarlo. ¿Tendrá que ver que Ballesteros haya insinuado en alguna ocasión que estaría dispuesto a desvelar todo lo ocurrió aquel día en el Bar Faisán, apuntando que el chivatazo vino de altas esferas políticas?

Mientras tanto, desde la AVT estamos estudiando emprender las acciones legales oportunas para que en el caso de que los responsables políticos no rectifiquen esta decisión, que puede suponer prevaricación y un fraude de Ley, lo hagan los jueces. Asimismo, desde la AVT pediremos el apoyo y la ayuda ciudadana en las próximas acciones que llevemos a cabo, para evitar que esta línea política continúe adelante causando tanto dolor a las víctimas del terrorismo.