COMUNICADO - 04-11-2014

El Gobierno de Mariano Rajoy recorta las subvenciones a la AVT

Nunca en democracia se había visto nada igual. José María Aznar implantó y siempre fomentó el apoyo al movimiento asociativo, respetando las subvenciones públicas que se le concedían a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Ni siquiera el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -pese a la tirantez de las relaciones que mantuvo con nuestra asociación, a las nueve manifestaciones en contra de su política antiterrorista y a la crisis económica- nunca rebajó las cantidades que le eran concedidas a la AVT, mediante concurso público.

Ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio del Interior que encabeza Jorge Fernández Díaz, quien ha tomado la decisión de recortar las subvenciones destinadas al funcionamiento de la AVT y al desarrollo de su labor asistencial. En concreto, se dejarán de percibir un total de 32.530,28 € siendo el programa más afectado, precisamente, el dedicado a las prestaciones psicológicas, a las ayudas materiales y a la atención directa a las víctimas. Este recorte se produce justo cuando ha aumentado el número de asociados, cuando se ha incrementado la demanda de asistencia psicológica y de orientación jurídica por temas graves de actualidad que afectan a las víctimas del terrorismo como la derogación de la doctrina Parot, la salida de prisión de terroristas asesinos y en el año en que se ha promulgado un nuevo reglamento de víctimas que ha motivado miles de nuevas solicitudes al Ministerio. Este recorte llega en un momento en el que incluso ha sido necesario reforzar nuestro equipo de trabajo para realizar más intervenciones especializadas, tanto psicológicas como jurídicas. Se da la peculiaridad de que el Ministerio del Interior contaba con el mismo presupuesto total para repartir entre las asociaciones de víctimas. Y, pese a todo ello, decidieron recortar la subvención a la AVT.

Nos parece llamativo que este recorte se produzca justo después de que la AVT haya hecho una dura crítica a la política antiterrorista llevada a cabo por el actual Gobierno. Nuestra firme oposición frente a decisiones tan escandalosas como la puesta en libertad de terroristas "supuestamente" enfermos, como Bolinaga o Ventura Tomé, la concesión de permisos penitenciarias a etarras "supuestamente" arrepentidos o la pasividad ante la derogación de la doctrina Parot, posibilitando la puesta en libertad de casi un centenar de los más sanguinarios terroristas, nos lleva a pensar que con este recorte de subvenciones se busca desactivarnos socialmente.

La decisión fue tomada el pasado mes de agosto y ratificada hace unos días. La notificación del recorte se realizó en plenas vacaciones estivales, aprovechando que una buena parte de los españoles descansaba, cuando era más difícil encontrar despachos de abogados a pleno funcionamiento y cuando, también, las noticias tienden a un menor impacto mediático. A pesar de ello, la AVT movilizó a todo su equipo, mantuvo reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior, reclamó documentos que nunca le habían sido entregados, incluso tuvo que insistir en sus peticiones siendo necesario que la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo "consultara a los servicios jurídicos del Estado" para responder a las solicitudes que estábamos realizando.

En septiembre, la AVT presentó recurso potestativo de reposición contra la resolución del Ministro del Interior con un objetivo claro: que se reconsiderara la decisión adoptada y que se respetaran las cantidades que, siempre al alza o de forma estable, se habían percibido en los concursos públicos precedentes. El recurso se presentó ante el propio Ministro del Interior y debía ser resuelto por él mismo. De modo que, si hubiese existido voluntad de enmienda o rectificación de los errores cometidos, se podrían haber alcanzado sin mayores trámites, complejidades y evitando que se tenga que recurrir ante los tribunales. Pero no, el Ministerio del Interior ha mantenido la decisión de recortar, pese a los elementos expuestos y las consideraciones que, en justicia, se realizaron.

El recurso fue estructurado en cinco grandes razones. Por una parte se argumentó la falta de transparencia y de publicidad en la constitución de la Comisión de Evaluación perteneciente a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo así como irregularidades en el funcionamiento de dicha Comisión. También se reclamó por la irracional y arbitraria valoración de los proyectos detallando, en todos los casos, las razones que demostraban el erróneo proceso de evaluación efectuado. Se denunció un excesivo y abusivo ejercicio de la facultad discrecional del Ministerio que decidió no dar trámite de audiencia a las asociaciones para que realizaron alegaciones y presentaran pruebas antes de tomar la decisión final, vulnerándose así el derecho a la tutela efectiva de los derechos, a pesar que nos consta que ante el Defensor del Pueblo se ha denunciado esta misma situación ocurrida en años precedentes. Y, sobre todo, se insistió en que los recortes no se correspondían con la realidad actual que viven las víctimas del terrorismo y el trabajo asumido por nuestra asociación.

Ninguna de los argumentos sostenido por la AVT ha sido tomado en cuenta. El Ministerio del Interior se reafirma en su posición y ya ha consumado el recorte, ejecutando la resolución que fue impugnada. La única posibilidad que queda por explorar es la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que, dada la habitual lentitud de nuestro judicial, llevará como mínimo 2 años de tramitación, debiendo pagarse las polémicas tasas judiciales y con un coste económico, humano y profesional considerable. No obstante, la AVT se reserva el ejercicio de estas acciones judiciales contra la decisión adoptada y ratificada por el Sr. Ministro del Interior.

Desde la AVT queremos anunciar que no lo conseguirán, que redoblaremos esfuerzos para poder continuar con nuestra labor asistencial a todas las víctimas del terrorismo, ahora más necesaria si cabe, y manifestando nuestra firme oposición frente a todas aquellas políticas y/o decisiones que no vayan encaminadas hacia la derrota del terrorismo y la justicia a sus víctimas.

Finalmente, la AVT quiere manifestar su frontal rechazo a la velada política de silenciar a las víctimas del terrorismo. Un claro ejemplo son los recortes aquí denunciados que demuestran, otra vez más, la falta de compromiso y de lealtad de este Gobierno hacia las víctimas del terrorismo agrupadas en la AVT.