COMUNICADO - 27-02-2015

La AVT solicita penas de 10 y 12 años para los acusados de la red de extorsión de ETA encargada de la gestión del impuesto revolucionario

El próximo lunes día 2 de marzo se inicia en la Audiencia Nacional el juicio contra la red de extorsión de ETA en el que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) está personada como acusación popular.

ETA se ha venido financiando mediante diversas vías a lo largo de los años, aunque la principal consiste en la recaudación del "impuesto revolucionario" que solicitan a personas físicas y empresarios.

En este juicio se juzgará a una parte del entramado de ETA que tomaba las decisiones sobre la actividad económica terrorista, por lo que su desarticulación supuso un corte en la principal vía de financiación de ETA.

Los seis acusados, junto con otros que serán enjuiciados en Francia, realizaban funciones tales como el envío de cartas, gestión con empresarios, cobro del impuesto revolucionario o creación de ficheros con listados de empresarios extorsionados, entre otros. El centro neurálgico de gestión del impuesto estaba ubicado en el Bar Faisán, que gestionaba el ya fallecido Joseba Elosua.

Probablemente, antes del comienzo del juicio, la lista de enjuiciados se vea reducida a cinco personas, puesto que debido a su avanzada edad, según el criterio forense, uno de los acusados, Alfonso Martínez de Lizarduy, no está en condiciones de declarar. La AVT pide penas de 12 años de prisión para cuatro de los acusados, Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Harocarene, Emilio Castillo y José Carmelo Luquín, por integración y 10 años para el quinto, Ignacio Aristizábal, por colaboración.

Actualmente la AVT se encuentra personada en más de un centenar de procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional, con el objetivo de conseguir la máxima condena de los terroristas sometidos a juicios.