ACTUALIDAD - 11-01-2016

Juicio PCTV: Diez años después de la querella de la AVT

El pasado 3 de diciembre comenzó, por fin, la vista oral donde se juzga a 35 personas acusadas de pertenecer a la organización terrorista ETA. Cuando digo que esta por fin, me refiero a que este juicio debió haber empezado a principios de 2015, pero la detención el mismo día en que estaba previsto el inicio de las sesiones de varios abogados en el marco de una operación contra el frente jurídico de ETA, entre ellos tres de los que debían asistir a la vista, frustro su inicio. Tuvimos que esperar varios meses hasta que se dio inicio de forma definitiva la vista oral por unos hechos que se remontan al año 2005.

Para que el lector entienda básicamente qué hechos son los que están siendo enjuiciados debemos referirnos previamente a una importante sentencia dictada por la Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en ejecución de la Ley orgánica 6/02 de 27 de Junio de Partidos Políticos, que fue dictada el 27 de Marzo de 2003 y por la que se acordó la ilegalización de Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna al declararse probado la unidad de sujeto real entre dichas formaciones y ETA, ordenando por tanto la disolución de dichas formaciones.  En cumplimiento de dicha sentencia se inició por el propio Tribunal Supremo un procedimiento para liquidar el patrimonio de dichas formaciones de tal forma que supuso la muerte civil de las mismas.

Si decimos que dicha sentencia fue muy importante es porque la misma determinaba la imposibilidad de poder continuar con sus actividades y en consecuencia le impedía presentarse a futuros comicios, de tal forma que para la continuación de las actividades de Batasuna tras su ilegalización era necesario utilizar otras formaciones teóricamente sin ninguna relación con las formaciones ilegalizadas que le permitieran continuar con sus actividades.

Querella de la AVT

Para ello presuntamente utilizaron los partidos políticos PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) y ANV (Acción Nacionalista Vasca) y lo hicieron tanto para desarrollar la actividad política e institucional que Batasuna ya no podía desarrollar, asumiendo para ello sus iniciativas y cumpliendo las directrices que le marcaba Batasuna, como para sostener económicamente a Batasuna a través de transferencias de fondos desde PCTV hacia Batasuna, incluyendo a sus responsables en la nómina de PCTV y abonando el partido ANV gastos generados por una serie de actividades de Batasuna tales como ruedas de prensa, desplazamientos de sus miembros, viajes etc. En definitiva, presuntamente se instrumentalizó a PCTV y ANV por parte de Batasuna para que esta, como parte del frente político e institucional de ETA, pudiera soslayar su ilegalización y las consecuencias jurídico-penales de la misma.

Estos hechos, grosso modo, constituyen el eje de la acusación que la Asociación Víctimas del Terrorismo ejerce en dicho procedimiento solicitando para los 35 acusados una pena de 10 años de prisión para cada uno de ellos como autores presuntos de un delito de pertenencia a organización terrorista. Entre los acusados hay antiguos miembros de Batasuna, como Aitor Aranzabal Altuna; otros como Pernando Barrena, actual miembro de Sortu, Antón Llorente, Secretario General de ANV hasta el año 2007 o Asier Arraiz, actual Presidente de Sortu, si bien este último será juzgado por estos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en otro juicio diferente por su condición de aforado, lo que impide que pueda ser juzgado con el resto de acusados.    

El procedimiento donde se van a juzgar estos hechos se inició precisamente tras la querella que la Asociación Víctimas del Terrorismo interpuso el 17 de Mayo de 2005 y nos parece de gran trascendencia, no ya por el número de personas implicadas, sino fundamentalmente por la utilización que presuntamente se hizo de las instituciones públicas, amparándose en la legalidad democrática y en el pluralismo político, de tal forma que pretendían bajo la sustitución de unos partidos por otros perpetuarse en sus ilícitas actividades y expandir el ideario de terror que desde el inicio ha llevado a cabo la organización terrorista utilizando para la consecución de sus propósitos no solo actos violentos sino otros medios, como los que se van a juzgar en este proceso, que se ponen en marcha a través de grupos políticos que aunque pudieran parecer legítimos desde un punto de vista político, sin embargo obedecen a órdenes que dicta ETA y actúan bajo su dictado.      

Batasuna, tras su ilegalización, se encontró con la imposibilidad de concurrir a los procesos electorales y para ETA era muy importante que Batasuna pudiera concurrir a los mismos para así mantener lo que denomina “lucha institucional”,  de tal forma que para burlar esa imposibilidad se crearon una serie de agrupaciones de electores e instituciones con la finalidad de poder presentarse a los procesos electorales que estaban en marcha y poder perpetuar la estrategia diseñada por ETA.

Un entramado al servicio de Batasuna

Dado que dichas agrupaciones fueron mayoritariamente anuladas surge la posibilidad que los integrantes de las formaciones ilegalizadas concurran a los comicios a través del partido PCTV y de esa forma poder burlar la legalidad. Y así se inicia la instrumentalización que presuntamente Batasuna hizo de los partidos ANV y PCTV hasta el punto que la primera fagocita a estos últimos.

Así, ANV participa en todas las iniciativas puestas en marcha desde la denominada Izquierda Abertzale, existe una sumisión en su actuación política a las directrices que le marca Batasuna y tal es la sumisión que existía presuntamente una caja común o tesorería única entre Batasuna, PCTV y ANV. Ambas formaciones contaban con un sistema de gestión centralizada donde participaban personas que anteriormente habían tenido responsabilidad en Batasuna, de tal forma que dichas formaciones compartían un sistema centralizado de ingresos y gastos con trasvases de dinero entre las cuentas corrientes de ANV y PCTV y en donde se realizaban transferencias a favor de personas que habían tenido responsabilidad en Batasuna. Del mismo modo, se abonaban desde las cuentas de PCTV y ANV gastos para la celebración de actos y ruedas de prensa que daban personas vinculadas a Batasuna e, incluso, miembros de Batasuna actuaban como trabajadores de PCTV con capacidad de gestión de los fondos recibidos por esta.

Al igual que ANV, las subvenciones públicas recibidas por PCTV entre los años 2002 y 2005 y que ascendieron a más de millón y medio de euros fueron utilizadas para fines distintos de los legalmente previstos, de tal forma que se realizaron trasferencias a miembros de Batasuna en Francia y Bélgica o directamente se realizaron pagos a miembros de Batasuna por cantidades elevadas y que no tenían justificación en el presunto trabajo que realizaban para PCTV. Así, se incorporaron como asalariados de PCTV 49 personas de las que 16 habían pertenecido a Batasuna, 7 habían sido miembros de su dirección