COMUNICADO - 27-04-2016

La AVT recusa al juez Ricardo de Prada

La Asociación Víctimas del Terrorismo presentó en la tarde de ayer un escrito ante la Sección Segunda de la Audiencia Nacional planteando incidente de recusación del magistrado Ricardo de Prada, juez ponente en el sumario 04/08 (caso PCTV-ANV) que se sigue contra los acusados Jean Claude Aguerre y Xavier Phillipe Larralde. Igualmente el magistrado ha sido recusado en el caso contra el etarra Jorge Olaiz por el intento de asesinato de un concejal de UPN, en el que la abogada de la AVT ejercía como acusación particular.

El objeto de dichas recusaciones se basa en las declaraciones realizadas por Ricardo de Prada durante su intervención en el acto organizado por Bizikidetza Foroa bajo el titulo ‘Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria’, en las que el magistrado de la Audiencia Nacional dijo textualmente, entre otras cosas, que en España se han producido “de una manera clara (…) muchos casos de tortura”; que la respuesta del Estado “no ha sido conveniente, no ha sido acorde con lo que es un Estado de derecho”; y que la ley establece “una derogación de derechos fundamentales tanto en la detención como en las posibilidades de comunicación con otras personas y de ser asistido por sus propios letrados” de los detenidos que, en palabras del juez, es “un caldo de cultivo tremendo para que estas personas puedan ser obligadas a no declarar voluntariamente sino forzadas”.

En relación a estas declaraciones, desde la AVT se expone en el escrito que la asociación entiende que afirmaciones como las realizadas por el magistrado,  donde manifiesta que se han traspasado los límites de lo permisible del estado de derecho y afirma que la ley ha derogado derechos fundamentales en referencia a la detención incomunicada, “la cual ha sido avalada por nuestros más altos Tribunales, suponen opiniones que comprometen seriamente su imparcialidad”.

La AVT añade también que Ricardo de Prada utilizó en su intervención un lenguaje “similar al usado por los presos y resto del colectivo de ETA y también utilizado por los propios profesionales que prestan asistencia jurídica a los miembros de ETA”, expresiones que, a juicio de la asociación, “no le sitúan en una posición ajena a los intereses en juego”