El terrorismo yihadista representa actualmente la principal amenaza para la seguridad internacional. Además, en nuestro caso, España es el único país en occidente sobre el que existe una reivindicación histórica al ser considerado tierra del islam, lo que acentúa la amenaza que con carácter global supone dicha clase de terrorismo.
La estrategia del terrorismo yihadista se basa en dos componentes, (i) la comisión de acciones indiscriminadas contra la población civil buscando el mayor número de victimas posibles y (ii) la publicidad de sus acciones como forma de propagar y extender el terror y así ganar adeptos que, en algunos casos mediante el auto adoctrinamiento y, en otros, a través de células locales, pasen a formar parte del denominado Estado Islámico.
El terrorismo yihadista en su concepción y actuación difiere enormemente del terrorismo que practica ETA, de ahí la enorme dificultad y desafío que para su prevención tienen que llevar a cabo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que trabajan de manera incansable para prevenir la actuación de estos grupos ya sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras mediante los instrumentos de cooperación internacional existentes.
Desde que en 2010 asumiera la presidencia de la AVT Ángeles Pedraza, el equipo jurídico de la asociación recibió el encargo de personarnos en todos los procedimientos que se incoaran en la Audiencia Nacional relacionados con el terrorismo yihadista. Desde entonces la AVT se ha intentado personar en más de una veintena de procedimientos como Acusación Popular. Dadas las elevadas fianzas que venían siendo impuestas para el ejercicio de la Acusación Popular, que en algunos casos han llegado incluso a los 50.000 euros, se ha visto reducida nuestra capacidad de actuación, de forma que nuestras personaciones se han limitado a una decena de procedimientos en virtud de la envergadura y trascendencia de la operación policial.
De entre las personaciones llevadas a cabo por la AVT en este tipo de procedimientos podemos destacar por ser la más reciente la vista celebrada el pasado mes de junio contra una célula encargada de captar, adoctrinar, radicalizar y finalmente enviar a zonas de conflicto a diferentes personas con la finalidad de enrolarse en las filas del Estado Islámico para la comisión de actos terroristas. Dicha célula inició su actividad a principios de 2011 en Madrid y aprovechaba la afluencia de personas musulmanas al Centro Cultural Islámico radicado en la zona de la M-30 para captar jóvenes e iniciar su proceso de radicalización para posteriormente viajar a las zonas de conflicto.
Dicho grupo, tras un proceso de captación y radicalización, envió en el año 2012 a dos ciudadanos marroquíes que se enrolaron en la filas del Estado Islámico falleciendo en combate. Otra persona de las que componía la célula todavía se encuentra en Siria combatiendo tal y como confirmó en la vista oral su propia madre.
Más allá de las cuestiones procesales nos llamó poderosamente la atención el nivel de radicalización que el grupo llevaba a cabo sobre las personas que habían decidido marcharse a zonas de conflicto. Es difícil de entender cómo personas con una vida estable y estructurada, plenamente integrados en nuestro estilo de vida y con familia a cargo puedan decidir abandonarlo todo para viajar a un lugar donde el destino que les espera es la muerte, siendo plenamente conscientes de ello. El nivel de radicalización era tal que en sus domicilios poseían numeroso material informático de contenido yihadista e, incluso, alguno de los componentes de la célula obligaba a su propia familia (mujer e hijos) a cumplir los preceptos del islam de manera radical.
En base a todo ello, la AVT solicitó la condena de todos los acusados a las penas máximas previstas en la ley (entre 14 y 10 años de prisión) pues entendemos que resulto acreditado la pertenencia de los acusados a una célula islamista que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, constituyen en sí mismas grupos u organizaciones terroristas. También esperamos que dichas personas una vez depuradas sus responsabilidades penales sean expulsadas de nuestro país, pues es evidente que suponen una amenaza contra la seguridad nacional que justifica su expulsión.
Desde la AVT esperamos seguir contribuyendo a combatir este fenómeno terrorista que supone un autentico desafío a nuestro estado de derecho pero que estamos seguros que, entre todos, conseguiremos derrotar.