Desde noviembre de 2015 individuos vinculados a la organización terrorista Estado Islámico han asesinado a más de 270 personas en Europa en atentados que conmocionan al viejo continente y al mundo entero. Los Gobiernos renuevan la cooperación internacional de lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta[1], pero lamentablemente el tratamiento de los derechos de las víctimas de los atentados terroristas sigue sin ocupar el primer plano del debate. Por ello,  la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) está reforzando su acción internacional para recordar que es necesario asistirlas, protegerlas, repararlas y honrarlas convenientemente como hace el  legislador español en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011[i].

Las víctimas son los símbolos de la resistencia del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Sus derechos son vulnerados a fin de lograr un objetivo político de manera incompatible con la libertad, la convivencia en paz, el pluralismo y la democracia. Para la realización de este objetivo la AVT colabora con instituciones y organizaciones no gubernamentales y promueve proyectos internacionales para compartir su experiencia en materia de asistencia psicológica y social a las víctimas del terrorismo.

Los atentados cometidos en suelo europeo en 2015 y 2016 han acelerado la estrategia anti terrorista de la Unión Europea. Hoy el Parlamento Europeo debate un proyecto de Directiva para Combatir el Terrorismo que insta a los estados miembros a establecer sistemas específicos de asistencia, de información y de reconocimiento de víctimas tras un  atentado. También prevé la creación de un “centro de coordinación europeo” que reúna a las organizaciones y expertos competentes para proporcionar información, apoyo y servicios prácticos a las víctimas y a sus familias. Estas previsiones son insuficientes. Europa necesita una Directiva específica para regular de manera completa y sistemática los derechos de los ciudadanos europeos víctimas de las acciones terroristas. Hay que  armonizar legislaciones de Estados miembros en la materia y atender al creciente  componente de transnacionalidad de los atentados.

En el caso de Naciones Unidas tampoco existe un texto que recoja los derechos de las víctimas del terrorismo como sí ocurre para otras categorías de víctimas[2]. Por el carácter especialmente grave del delito de terrorismo, desde 2010 colectivos españoles promueven iniciativas para crear un catálogo de derechos inherentes a la condición de víctima del terrorismo, conectado a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. El 21 de octubre de 2015 en Nueva York, el Gobierno de España convocó una reunión informal en el Consejo de Seguridad donde manifestó  la voluntad de España de conseguir un estatuto a nivel internacional de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo y la posibilidad de llegar a la creación de un tribunal penal internacional que atienda delitos del terrorismo. Esta declaración es de enorme trascendencia y es conveniente dar seguimiento y apoyo a cualquier iniciativa del Gobierno de España que  ayude a afianzar esta idea en la escena internacional.  Recordemos que en diciembre de 2016 España dejará de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Los derechos que hay que reconocer para las víctimas del terrorismo son al menos:

(1) el derecho de asistencia de urgencia y de asistencia a más largo plazo.

(2) el derecho a la investigación del acto terrorista y a la persecución de sus autores.

(3) el derecho de acceso efectivo al derecho y a la justicia.

(4) el derecho a indemnización y reparación.

(5) el derecho a la protección de la vida privada y familiar.

(6) el derecho a la protección de la dignidad y de la seguridad.

(7) el derecho a la información.

(8) el derecho a la formación específica de las personas encargadas de la asistencia a las víctimas de actos terroristas.

A todos estos, el profesor Fernández de Casadevante añade un último derecho que debería ser común a toda víctima del terrorismo: el derecho a la verdad y el derecho a la memoria.

La compleja situación que vive Europa y el mundo exigen abordar sin dilación el reconocimiento sistemático y completo de los derechos de las víctimas del terrorismo y acompañar a la ciudadanía resilente frente al intento de los terroristas de socavar los sistemas, las sociedades y estados a través del terror. El  tratamiento apropiado es una demostración no sólo de la solidaridad de nuestras sociedades con cada víctima individual, sino también el reconocimiento de que este tratamiento es esencial para la integridad de las sociedades democráticas.