El pasado 8 de abril fuimos testigos de un nuevo capítulo de la “operación blanqueo” de la organización terrorista ETA. Lo acontecido en Baiona no fue otra cosa que un acto de propaganda organizado por ETA y sus “palmeros”, nacionales e internacionales, con el único fin de evadir la foto de su derrota. O dicho de otra manera, el llamado “día del desarme”, en el que ETA entregaría las armas al “pueblo” –el supuesto mismo pueblo por el que dice que las tomó-, pretendía evitar la foto de la crónica de una muerte anunciada. Esa foto no es otra que la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deteniendo a los miembros de ETA que aún siguen huidos y, desmantelando poco a poco, los arsenales que la organización terrorista tiene distribuidos en diferentes zulos situados tanto en territorio nacional como al sur de Francia. Pero en esa crónica de una muerte anunciada, otros muchos han sido los protagonistas.

En primer lugar, los legisladores. Aunque con algunos matices, podemos afirmar que nuestro Estado de Derecho se ha ido dotando de los instrumentos necesarios para hacer frente a las diferentes formas de terrorismo que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra historia. Tomando como referencia el año 1978, y bajo el paraguas de nuestra Constitución, han sido varias las leyes aprobadas (y sus posteriores reformas) que han hecho que, poco a poco, se fueran cerrando los espacios de impunidad de los que se servían los terroristas para llevar a cabo sus acciones criminales. Tanto el Código Penal de 1995, y sus sucesivas reformas en lo que a los delitos de terrorismo se refiere (en el año 2000, 2003, 2006, 2010 y 2015); como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sus reformas de 1988 y 2015, en lo que a la investigación de los delitos de terrorismo se refiere, junto con la postergada Ley de Partidos Políticos, han ido formando un marco normativo sólido para hacer frente a una amenaza tan dañina para nuestra sociedad como la terrorista.

En segundo lugar, la acción de la justicia. Desde su creación en 1977, la Audiencia Nacional habría dictado unas dos mil sentencias en materia de terrorismo de las cuales, el 50% se correspondería con actividades delictivas vinculadas con la organización terrorista ETA. No obstante, no es posible dar una cifra exacta de resoluciones judiciales, ni de personas condenadas por terrorismo, ya que no existe un archivo oficial específico con este tipo de sentencias. Muchos han sido los intentos y las vías utilizadas para tratar de conseguir esta cifra –ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la propia Audiencia Nacional- pero todos han resultado infructuosos por no “contar con los datos a los que se refiere en su petición”.

Por ello desde la AVT llevamos años con un ambicioso proyecto entre manos, que consiste en recopilar todas las resoluciones judiciales en materia de terrorismo para poder contar la verdad jurídica en España.

En tercer lugar, las propias víctimas del terrorismo. Ellas han sido un ejemplo, no sólo de superación, sino de trabajo incansable, muchas veces en la más absoluta soledad, en pro de la justicia para sus seres queridos y la derrota de los terroristas.

Del análisis de la evolución de las políticas antiterroristas llevadas a cabo en España, se desprende que en las épocas en las que estos tres factores han interactuado encaminados hacia una misma dirección, los terroristas se han visto acorralados. Sin embargo, en aquellas épocas en las que se han buscado atajos o una aplicación laxa de la ley, los terroristas han visto incrementado su poder de influencia.

De ahí que sea tan importante no salirse de la senda de la aplicación rigurosa de la ley y de la acción implacable de la justicia para derrotar a ETA, sin atajos ni tergiversaciones. Y esto es precisamente lo que pretenden evitar los terroristas. La foto de su derrota.

Una derrota operativa. A pesar del arsenal que no se ha entregado (los investigadores dicen que al menos unas cien pistolas, dos lanzamisiles, dos toneladas de explosivos y diverso material para la falsificación de documentación) y de algún sector disidente, la capacidad operativa de ETA es prácticamente nula. Pero aún nos queda mucho por hacer, porque también es necesaria su derrota política y social.

Que lo de Baiona del 8 fue un circo, un paripé, un teatro, es evidente. Y cada día más. Pero que era un acto fundamental, precisamente para eludir esa derrota política y social, es indudable. La insignificancia del gesto realizado por ETA –rozando incluso el esperpento con los autodenominados “artesanos de la paz” y los zulos  construidos ex profeso para la escenificación del desarme- no le resta trascendencia para la nueva estrategia de ETA. Como bien afirmaba el filósofo Fernando Savater: “quieren el paso de la ETA criminal a una ETA política”. Y esto es precisamente lo que debemos evitar.

Los problemas de ETA no son, o no han sido, solo los medios violentos que ha utilizado, sino el proyecto político fanático y antidemocrático por el que ha asesinado durante décadas. De ahí que no sea suficiente con que sus miembros, y su brazo institucional, condenen la violencia y digan que matar está mal, ¡Solo faltaba! Lo que se les debe exigir, tanto a los que actúan como altavoces de ETA en las instituciones como a sus presos o ex presos, es que condenen a la propia ETA: a su pasado, a su presente y a su proyecto.

Solo así podremos decir que tanto sufrimiento habrá valido la pena. Solo así podremos decir que verdaderamente el Estado de Derecho habrá derrotado a ETA.