ACTUALIDAD - 08-06-2018

La Ley, solo la Ley, pero toda la Ley

Desde que el pasado 2 de mayo la organización terrorista ETA anunciara su disolución, muchas han sido las voces que se han mostrado partidarias de un cambio en la política penitenciaria para favorecer el acercamiento de los presos etarras a los Centros Penitenciarios del País Vasco. Frente a ellas, la Asociación Víctimas del Terrorismo no se ha cansado de reivindicar en todos los foros en los que ha sido convocada –tanto políticos como mediáticos- la necesidad y conveniencia de mantener la política de dispersión.

Esta política penitenciaria fue puesta en marcha por el Gobierno socialista en 1987. Su finalidad era facilitar la reinserción de los presos vinculados a ETA, intentando romper el control férreo que la dirección de la organización ejercía sobre el colectivo de presos etarras, agrupados hasta el momento en determinados Centros Penitenciarios. De esta manera se procedió a distribuir a los casi mil presos etarras entre las más de 80 prisiones establecidas a lo largo y ancho de la geografía española.

Pese a los múltiples intentos de acabar con ella por parte de los abogados de ETA, numerosos han sido los pronunciamientos judiciales, tanto de tribunales nacionales como internacionales, a favor de la legalidad de la política de dispersión. Si observamos el catálogo de derechos de los presos en la Ley Orgánica General Penitenciaria, nada se dice del derecho a cumplir condena cerca de su domicilio y, en todo caso, lo máximo que llega a especificarse en relación con la ubicación de los establecimientos penitenciarios, es que “se procurará que cada uno cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”, como si el desarraigo social fuera necesariamente incompatible con la reinserción de los penados.

No obstante, y si partimos de la reinserción como única finalidad de la pena, ya  en el año 2015 la Audiencia Nacional avaló la política de dispersión por entender que su finalidad es “romper los lazos de los miembros de las organizaciones terroristas tanto con éstas, como con asociaciones y colectivos afines (…) facilitando con ello su reinserción”. Y en esta misma línea se pronunció el TEDH, en 2017, considerando que el cumplimiento de la condena en un Centro Penitenciario alejado del domicilio “no viola por regla general los derechos fundamentales de los presos”.

Para que un terrorista se reinserte lo primero que tiene que pasar es que quiera reinsertarse. Y esto se ha demostrado a lo largo de los años a través de las diferentes políticas de dispersión puestas en marcha por los gobiernos. Los únicos casos en los que podemos hablar de terroristas verdaderamente reinsertados, los encontramos en aquellos que han experimentado un proceso interno personal de cuestionamiento de su militancia terrorista y arrepentimiento por el daño causado, llevándoles a colaborar con la Administración de Justicia en el esclarecimiento de atentados (véase el caso, por ejemplo, de Juan Manuel Soares Gamboa). De ahí que todas las vías, planes o programas de reinserción basados en premiar supuestas disidencias, no solo han demostrado ser inútiles, sino que además han sido utilizados por los terroristas para lograr la impunidad de sus crímenes y su puesta en libertad.

El último caso lo tenemos en la terrorista Sara Majarenas. Si bien este caso es especial dadas las circunstancias familiares de Majarenas, en marzo de 2017 le fueron concedidos beneficios penitenciarios para poder hacerse cargo de su hija que se encontraba en un centro de acogida, teniendo en cuenta una carta remitida por la terrorista al juzgado en la supuestamente mostraba su arrepentimiento y prometía a los jueces que utilizaría solo “las vías pacíficas”. De la lectura de la carta[1] se puede comprobar que más que una declaración sincera nos encontramos ante un mero formulario que Majarenas firmó como aval, a la concesión de una serie de beneficios penitenciarios. Y así se pudo constatar unos meses después cuando fue puesta en libertad y, además de ser protagonista del tradicional acto de bienvenida que se le realiza únicamente a los miembros de ETA excarcelados que se han mantenido dentro de la disciplina de la organización, manifestó “su orgullo” y su compromiso “en seguir trabajando” por conseguir el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. 

De ahí que sea tan importante exigir la colaboración con la justicia, no solo en los casos en los que expresamente lo diga el Código Penal (para la concesión del tercer grado o la libertad condicional) sino como prueba de verdadera voluntad del preso a reinsertarse, o en términos de la legislación penitenciaria como prueba de un pronóstico favorable de reinserción, en todos aquellos casos en los que los presos pretendan mejorar su situación penitenciaria.

ETA dice que se ha disuelto, pero los años de lucha antiterrorista nos han demostrado que ETA ha sido y es, mucho más que una panda de terroristas que se han dedicado al tiro en la nuca o a la activación de artefactos explosivos. ETA ha sido y es, un entramado de estructuras políticas, económicas y sociales que se han dedicado a apoyar y a potenciar los efectos de la actividad terrorista ejercida por ETA, a través de la disciplina ejercida sobre sus miembros y a través del miedo, la amenaza y el terror ejercida sobre los que pensaban (pensábamos) diferente.

De ahí que, aunque ETA diga que se ha disuelto, la vigencia de la política penitenciaria en general, y de la política de dispersión en particular, deba de seguir manteniéndose. Y debe de hacerse no solo porque así lo pidan las víctimas del terrorismo sino porque con la ley en la mano se puede hacer. Lo único que hace falta es la voluntad de aplicar la Ley, solo la Ley pero toda la Ley.