La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) quiere manifestar su absoluta perplejidad ante la noticia publicada ayer en prensa y hoy confirmada por Valentín García, Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, de que Podemos y PSOE han registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de Ley de Apoyo y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de Extremadura, que tiene como objetivo "reconocer públicamente a las víctimas de esa barbarie y velar por su bienestar".
La AVT lleva meses trabajando con el Gobierno de Extremadura, nunca con el Grupo Parlamentario socialista ni con Podemos, en la Ley extremeña presentando diversas alegaciones. Desde el Gobierno de Fernández Vara siempre se nos ha asegurado que sería una Ley de consenso que contaría con el beneplácito de las víctimas y de todos los partidos políticos. Nuestro asombro e indignación en el día de ayer fueron mayúsculos al ver que Podemos y PSOE registraban una Ley que no hemos siquiera visto y que por supuesto no es una ley de consenso de todos los partidos políticos, algo que complica su aplicación cuando gobiernen otros que no han intervenido y no están de acuerdo con la ley.
No alcanzamos a comprender cómo el Gobierno de Fernández Vara puede permitir que esta no sea una Ley de consenso, algo que sí sucede con la Ley Estatal de víctimas, la 29/2011, una ley que es de consenso y se aprobó bajo el Gobierno socialista. Tampoco entendemos que este Gobierno quiera una tramitación de urgencia con una lectura única. Consideramos que una ley que no se ha tocado en 14 años no es urgente, aunque sí es necesaria y sí debe ser de consenso. Esto facilitaría luego su desarrollo y aplicación teniendo en cuenta que llevará unas partidas presupuestarias que aún no han sido ni aprobadas ni contempladas en estos presupuestos.
Desafortunadamente, no es la única sorpresa desagradable que nos hemos llevado esta semana y nos descoloca aún más. El 10 de marzo de 2018 salió publicado en el BOE el Real Decreto 106/2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018- 2021, en el que se establecen las actuaciones de cada programa y los potenciales beneficiarios para determinar un programa de ayudas económicas al alquiler de la vivienda. Posteriormente a esta publicación, el órgano competente de cada comunidad autónoma reconoce las ayudas que se regulan en los programas de este real decreto, en el que tienen consideración de sector preferente las víctimas del terrorismo. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni el Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, ni en la Orden del 28 de diciembre de 2018 por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018 antes mencionado, nuestro colectivo ha sido incluido de manera preferente como aparece reconocido en el Plan Estatal. Este hecho sí nos resulta importante: si “ahora” importan tanto las víctimas, esto debería haberse tenido en cuenta.
Confiamos que desde el Parlamento y el Gobierno de Extremadura esta situación se pueda reconducir por el bien de las víctimas del terrorismo, que somos de todos.