Desde la AVT reprobamos la decisión del juez Santiago Pedraz de autorizar este fin de semana cinco actos en homenaje a miembros de ETA en Ordizia –mañana y el próximo lunes-, y en Villabona el domingo, el 31 de julio y 1 de agosto. Pedraz permite esos actos con el pretexto de "que sólo se reclama que "no estén dispersos" y no se jalea su actividad en ETA". Algo que hechos anteriores ya han demostrado, en repetidas ocasiones, que no es así; pues estos tributos a los presos etarras terminan por convertirse en actos encubiertos de homenajes a terroristas, de enaltecimiento del terrorismo.
La argumentación del magistrado de que no se trata de "un homenaje a la actuación de tales presos cuando cometieron los hechos por los que fueron condenados, sino tan sólo se reclama que no estén dispersos" no es más que una burla pública del dolor de las víctimas del terrorismo. Pues harto conocido es que, lemas como "no a la dispersión", son sólo el pretexto para obtener un sí a las manifestaciones proetarras. Y por tanto, concediéndole a los proetarras el derecho a manifestarse públicamente a favor de los terroristas presos, se denigra a las víctimas que tienen que ver cómo los asesinos de sus seres queridos, no sólo siguen vivos sino que emplean el Estado de Derecho para seguir ensalzando el asesinato de todo aquel que no piense como ellos.
El juez señala que "vulneraría el derecho de reunión y manifestación" de quienes pretenden apoyar a los presos. Pero que si en las celebraciones se cometiera alguna actuación delictiva "se actuaría en consecuencia". Como dejamos claro la semana pasada, desde la AVT consideramos que es labor judicial hacer todo lo posible para evitar la comisión de este tipo de delitos, con las pruebas aportadas y con los antecedentes jurídicos y de hechos. Se acude a la Justicia para evitar la comisión de un delito; cuando éste se ha producido todo lo que se haga será ya demasiado tarde.
Desde la AVT respetamos la independencia judicial pero consideramos que decisiones como ésta envalentonan a los violentos; pues legitima sus actos en su entorno más cercano –ciudades o pueblos en los que viven ellos y sus familias- y deslegitima al mismo tiempo el derecho de las víctimas a no ser denigradas públicamente. Desde la AVT pedimos a las instancias judiciales que sopesen el mensaje que se da desde sus sentencias.
Además –y como recordamos también la semana pasada- este tipo de sentencias van en contra de los ímprobos esfuerzos que se están realizando en el País Vasco desde la llegada del nuevo gobierno para educar en la no violencia, para desacreditar a los violentos, para no permitir manifestaciones proetarras. Si el gobierno vasco dice y actúa de una manera y la Audiencia Nacional hace lo contrario ¿qué mensaje les estamos dando a los violentos? Sólo uno: que pueden seguir asesinando, que pueden seguir vitoreando a los asesinos, que la violencia es legítima.
La AVT ha presentado ante la Audiencia Nacional tres escritos en los que se solicita la prohibición y/o suspensión de estos actos que suponen una humillación de las víctimas.