La AVT celebra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la disolución de los 125 ayuntamientos de ANV, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Álava y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria – grupo que no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el pasado 9 de enero-.
Para las víctimas esto supone una gran victoria sobre los violentos que han venido usando las instituciones públicas –y beneficiándose económicamente de su condición de grupos políticos en consistorios- , para fomentar el odio hacia todo aquel que no piense como ellos. Era además una situación de anormalidad -en un Estado de Derecho- que, un grupo que no condena la violencia y que es conocido por ser el rostro político de ETA, tuviera representación en las instituciones públicas. El fallo supone, además, poner fin al escarnio público de las víctimas del terrorismo que, pese a la ilegalización de ANV desde septiembre, hemos tenido que esperar 10 meses para lograr la disolución de los ayuntamientos que todavía están siendo dirigidos por ANV y/o cuentan con grupos propios en ellos.
Esta sentencia supone un punto y seguido en la lucha de las víctimas contra el uso de las instituciones por parte de grupos proetarras, que las emplean para la difusión de su fanatismo y el terrorismo etarra. Desde la AVT, continuaremos persiguiendo la presencia de este tipo de agrupaciones, se escondan bajo el disfraz de nuevos partidos o nuevos nombres de grupos políticos.
Como víctimas valoramos también que este fallo suponga el fin de su financiación estatal –algo que era una aberración en sí mismo; pues se financiaba al brazo político de ETA por el hecho de pertenecer como grupo a una alcaldía- y acorralar, aún más, el entramado económico etarra.
Desde la AVT pedimos también al Estado y a la Justicia que pongan todos los medios posibles para hacer efectivo este fallo y evitar situaciones tan vergonzosas como la sucedida en el parlamento vasco cuando se negaron a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), tras la ilegalización de Batasuna en 2003. Si algo parecido sucediera – hay 40 alcaldías, al menos, que deberán disolver los grupos; en el resto de ayuntamientos estos grupos están ya integrados en formaciones mixtas-, el Gobierno sólo tendría que actuar de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local para evitar que esta formación política continúe en los ayuntamientos (el art. 61 faculta al Consejo de Ministros a disolver los ayuntamientos en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales -61.1-; en el 61.2 se señala que tal consideración la tendrán aquellos acuerdos municipales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares).