De acuerdo con el trámite de consulta pública abierto por la Comisión Europea para evaluar si las reglas europeas de lucha contra el terrorismo están adaptadas a los fines que persiguen. Las propuestas realizadas por la AVT se centran principalmente en cuatro ideas generales.
En primer lugar, la necesidad de una mejor definición del delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo desligándolo de la necesidad de existencia de un riesgo de que se puedan cometer delitos. En este sentido se ha hecho hincapié en la necesidad de separar la provocación de lo que puede ser la exaltación y enaltecimiento del terrorismo. Asimismo, se ha destacado la necesidad de recoger en la Directiva específicamente el delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
En segundo lugar, se ha reiterado nuestra petición de creación de una Oficina Europea de asistencia a las víctimas del terrorismo. Nuestra experiencia en la asistencia de españoles víctimas de atentados en otros países de la UE como de extranjeros víctimas de atentados en España nos hacen reclamar la necesidad imperiosa de esta Oficina y la imposición por parte de la UE a los Estados Miembros que creen unidades administrativas específicas destinadas a la asistencia a las víctimas del terrorismo.
Asimismo, en tercer lugar, hemos insistido en una reivindicación histórica de nuestra asociación y es la necesidad de una Directiva específica para las víctimas del terrorismo en la línea de la Carta de derechos de las víctimas del terrorismo de la Unión Europea. Hemos destacado las necesidades específicas de nuestro colectivo y las particularidades de los delitos de terrorismo que justifican la aprobación de una regulación específica en el ámbito europeo.
Por último, hemos incidido en la importancia de que la Directiva amplíe su ámbito de aplicación a la fase de la ejecución penal y la ejecución penitenciaria. Hemos trasladado de la necesidad de armonizar el fin resocializador de las penas con el derecho a la justicia de las víctimas y hemos alertado del peligro que supone que la ejecución penitenciaria se convierta en la puerta de atrás del derecho penal vaciando de contenido las condenas.
Estas propuestas, que han sido presentadas por escrito, fueron igualmente expuestas a la misión europea del Comité Económico Social de la Comisión Europea encargada de la realización de un informe evaluador de dicha Directiva en la reunión virtual mantenida el pasado 30 de marzo.