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ACTUALIDAD - 10-11-2021

Intervención de la AVT ante la Delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Intervención de la AVT ante la Delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Lo primero de todo, agradecer la oportunidad que ofrecen a la Asociación Víctimas del Terrorismo de poder comparecer ante ustedes para explicarles los trabajos que se han realizado en materia de justicia con las víctimas del terrorismo en nuestro país.

Este año nuestra asociación cumple 40 años, 40 años trabajando sin descanso por hacer la vida más fácil a las víctimas del terrorismo y por reivindicar memoria, verdad, dignidad y justicia para todas ellas.

Desde su fundación en 1981 cinco han sido los objetivos perseguidos por la AVT:

- Dar visibilidad al colectivo de víctimas del terrorismo, sin distinción de ideologías o del grupo terrorista responsable.

- Ofrecer una asistencia integral y profesionalizada a las víctimas del terrorismo.

- Concienciar, e interpelar, a la sociedad sobre el problema del terrorismo en España -y en el mundo-, sus causas injustificables y sus víctimas.

- Llevar la voz de las víctimas y defender la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia del colectivo ante las instituciones (públicas y privadas, nacionales e internacionales), tribunales de justicia y medios de comunicación.

- Alzar la voz de alarma y ser el dique de contención frente algunas decisiones políticas que han resultado lesivas para las víctimas del terrorismo.

Actualmente, contamos con más de 4.720 asociados distribuidos por todo el territorio nacional. Todos ellos víctimas directas del terrorismo, bien porque han resultado heridos o bien porque han perdido a su cónyuge, hijo/a, padre/madre o hermano en un atentado terrorista. Lo que nos convierte, además de en la asociación de víctimas del terrorismo más antigua del mundo, en la más numerosa.

Desde sus comienzos, la AVT se ha esforzado por ofrecer una asistencia integral y especializada a las víctimas del terrorismo. Esta asistencia integral la sostienen las dos principales patas de la asociación: el departamento psicosocial y el departamento jurídico.

En lo que respecta al trabajo realizado por el departamento jurídico, se centra principalmente en:

La asistencia jurídica a las víctimas del terrorismo tanto en los trámites administrativos (nacionales como autonómicos) derivados de la condición de víctima del terrorismo como el asesoramiento jurídico penal en relación con el procedimiento judicial seguido en la Audiencia Nacional contra los responsables del atentado terrorista.

Así como, la defensa de los intereses del colectivo de víctimas del terrorismo ante los tribunales de justicia a través de la personación como Acusación Popular en la mayoría de los procedimientos judiciales seguidos en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. En la actualidad nos encontramos personados en 205 procedimientos judiciales vivos (169 relacionados con el terrorismo de ETA, 33 con terrorismo yihadista, 2 del GRAPO y 1 referente a otras cuestiones).

Desde el 2011, y a raíz de que se conociera que más de 300 atentados con resultado de muerte cometidos por ETA su autor material no habría sido condenado, pasó a ser una prioridad de la asociación, y de su departamento jurídico, la revisión de todos y cada uno de esos procedimientos judiciales. Este trabajo de revisión no se han centrado solo en los atentados cometidos por ETA sino que se ha hecho extensible a atentados terroristas cometidos por otros grupos terroristas como los GRAPO, grupos de extrema izquierda o el atentado yihadista cometido contra el restaurante El Descanso, en la localidad madrileña de Torrejón, el 12 de abril de 1985.

Nuestro objetivo con esta tarea de revisión de los procedimientos judiciales era triple:

Primero: constatar el número de casos que realmente estarían sin resolver (tomando como referencia para considerar un “caso sin resolver” aquel en el que no hubiera sido condenado al menos un autor material). Esto nos ha permitido, durante estos 10 años, ir corrigiendo y completando el Informe inicial realizado en 2011. Hemos podido comprobar cómo algunos de los casos que se daban como resueltos por la Fiscalía o la propia Audiencia Nacional por el hecho de existir sentencia, en realidad no lo estaban por tratarse bien de sentencias absolutorias o de sentencias contra colaboradores e intervinientes en el atentado pero no de los autores materiales.

Segundo: revisar los casos que estarían sin resolver y en el caso de que existiera alguna línea de investigación posible, solicitar su reapertura a la Audiencia Nacional para la práctica de nuevas diligencias de investigación e incluso para llevar a juicio a los presuntos responsables. En este sentido es importante significar que en esos 10 años se han reabierto en torno a 150 procedimientos judiciales, esto es, la mitad de los casos que estaban sin resolver. Se ha llegado a juicio en 20 de los casos, habiéndose resuelto 15 de ellos con condena de los autores. De esos 15, 7 se deben a casos cuyas investigaciones estaban abiertas en el momento de la realización del informe y 8 a casos revisados, reabiertos y resueltos. Además hay que destacar el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) que han presentado en torno a 200 informes policiales sobre estos casos. Por parte de la AVT, de los 604 procedimientos judiciales incoados en la Audiencia Nacional por los 853 asesinatos, hemos revisado a día de hoy 508 procedimientos que se corresponden con 741 casos. Quedándonos por revisar 96 procedimientos judiciales referentes a 112 asesinatos cometidos por ETA.

Tercero: analizar las causas de por qué esos casos están sin resolver. En contra de lo que en un principio podía parecer, y muchos defienden, hemos podido constatar que un caso sin resolver no necesariamente es un error del sistema o un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar. Como todos ustedes saben la víctima del delito tiene derecho a que los crímenes que la victimizaron sean investigados de manera eficaz pero no tiene derecho necesariamente a la condena, para ello ya entran en juego la existencia de pruebas suficientes para condenar a alguien. Para determinar la existencia de esa investigación eficaz deben de ser tenidos en cuenta los medios de investigación y los protocolos existentes en la momento de la comisión de los atentados. En este sentido, debemos señalar que la mayoría de los casos sin resolver (prácticamente el 50%) se corresponden con atentados cometidos por la organización terrorista en los años 1979 y 1980. No podemos obviar que en esos años ETA atentaba cada 3-4 días y principalmente contra miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que nuestros policías y guardias civiles, ante un atentado, tenían que protegerse para no ser ellos los siguientes, investigar el asesinato de sus compañeros y a los 3 días investigar un nuevo atentado. Asimismo, la especialización de los cuerpos policiales y los medios actualmente existentes no son los mismos que existían en esos años, por lo que no podemos analizar con visión del 2021 las investigaciones realizadas en 1979 o 1980.

Además de esto, hemos podido concluir que en 7 de los casos los autores materiales murieron después de la comisión del atentado al huir o en enfrentamiento con la policía.

Respecto de los 66 asesinatos cometidos por ETA que se habrían visto beneficiados por la Ley de Amnistía de 1977, y que nosotros inicialmente no incluimos en nuestro informe por no haber sido investigados en la Audiencia Nacional y entender que el tratamiento jurídico de los mismos es diferente por no poder ser ya resueltos, en 6 casos existe sentencia de condena a los responsables, 32 casos se identificaron a los responsables pero no se les pudo juzgar, en 2 casos los autores habrían muerto y 26 no se dispone aún de información y se están localizando dichos sumarios en los archivos militares y en el archivo judicial territorial de Madrid.

Otra de las causas de no resolución la encontramos en aquellos atentados cometidos por la facción de ETA político militar y que tras su disolución el 30 de septiembre de 1982 se vieron beneficiados de ciertas medidas de gracia, o indultos encubiertos, que hicieron que en aquellos casos pendientes de juzgar se archivaran y en los casos que estaban cumpliendo condena se les mejorara su situación penitenciaria. En este sentido, debemos indicar que de los 12 asesinatos cometidos por ETA político militar después de la Amnistía, en ninguno de ellos existe sentencia condenatoria de autor material y en el único caso que fue juzgado se dictó sentencia absolutoria.

Sin embargo, más allá de las cifras o de los datos, no podemos obviar que detrás de una víctima del terrorismo hay una familia rota por el dolor y detrás de un caso sin resolver hay una familia que no ha podido cerrar su duelo por la falta de justicia. Junto con este derecho a la justicia, las víctimas del terrorismo tenemos derecho a saber la verdad de lo que pasó, las circunstancias que rodearon el asesinato de nuestros seres queridos y la identidad de los responsables de nuestro dolor. De ahí que desde la AVT, en estos 10 años, vengamos trabajando por hacer justicia a las víctimas del terrorismo pero también por su derecho a la verdad. En este sentido destacar el trabajo de investigación que venimos realizando, junto con el Gobierno Vasco, por el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo que no han tenido acceso a la justicia. En los próximos días se entregan 50 Cuadernillos de Memoria a 50 de estas víctimas.

Lo más doloroso que podemos trasladar a una víctima es la idea de que no se hizo todo lo posible por investigar el asesinato de sus seres queridos. Las víctimas del terrorismo siempre hemos confiado en el Estado de derecho, y por eso ninguna ha optado por tomarse la justicia de su mano. De ahí que afirmaciones como que el Estado ha incumplido su obligación de investigar, además de no ser necesariamente ciertas, producen un dolor añadido a las víctimas. Asimismo, vender falsas soluciones y generar falsas expectativas en ellas prometiendo vías de resolución de sus casos han generado el mismo dolor, revictimizando de nuevo a muchas de ellas.

Termino ya. Y lo hago con un reconocimiento expreso a la labor desarrollada por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a nuestros policías, guardias civiles, policías locales, municipales y autonómicos, a jueces y fiscales y a todos aquellos que durante décadas se han dejado la piel por defendernos y por hacer justicia a nuestros muertos. Poner ahora en duda su trabajo no sólo es ingrato sino que tampoco sería justo.