ACTUALIDAD - 01-07-2024

La hoja de ruta se va cumpliendo poco a poco

Cuando en 2018 el presidente Sánchez anunció un cambio en la política penitenciaria una mezcla entre temor, incertidumbre y rabia nos invadió. En la AVT teníamos claro que las grandes perjudicadas de ese cambio seríamos las víctimas del terrorismo. Por desgracia, 6 años después podemos decir que no nos equivocamos.

Todo empezó con los traslados de presos etarras a cárceles más próximas al País Vasco. En una primera a centros penitenciarios limítrofes y después, todos, a cárceles vascas y navarras. La cesión a una de las reivindicaciones históricas de ETA se consumó el 24 de marzo de 2023 con un total de 382 traslados realizados. Después vino la transferencia de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco. De acuerdo que se hacía en aplicación del Estatuto de Garnica, pero éramos conscientes que implicaría un trato favorable a los presos etarras. Y así ha sido. A los presos etarras y a los no etarras. Porque el Gobierno vasco lo que ha hecho es instaurar un modelo penitenciario diferente que prima el régimen de semilibertad, teniendo que justificar porqué un preso no están en tercer grado, en vez de tener que justificar lo contrario. El resulto de estos dos años y medio: 80 progresiones a tercer grado de un total de 65 presos. En este punto hay que poner en valor la labor de la fiscalía de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, garante de la legalidad de estas decisiones. Gracias a esta labor, casi el 50% de estas progresiones han sido revocadas, aunque en la mayoría de los casos han sido reiteradas, algunas hasta en 4 ocasiones.

Y por último, la última fase de la hoja de ruta, el tercer grado abre la puerta a las libertades condicionales. En este periodo, el Juez central de vigilancia penitenciaria ha concedido la libertad condicional a 38 etarras. 38 terroristas que han salido de prisión antes de cumplir íntegramente sus condenas.

Cierto es que todas estas decisiones se han adoptando de acuerdo a la legislación penitenciaria. El problema es que esta legislación es tan parca que el ámbito de interpretación es muy amplio. Puedes considerar que por el mero de hecho de firmar un formulario pidiendo perdón en genérico es suficiente para valorar la reinserción de un terrorista o, como viene exigiendo la AVT, puede reclamar la colaboración con la justicia y el perdón individualizado para valorar que un preso es merecedor de los posibilidades que le ofrece la legislación penitenciaria. Como venimos denunciando, nuestro temor es que el derecho penitenciario se convierta en la puerta de atrás del derecho penal y vacíe de contenido las condenas penales que tanto nos ha costado lograr.