La AVT ha presentado una querella como acusación popular contra varios miembros de las FARC y de ETA por las relaciones existentes con la banda terrorista ETA para ayudarse a conseguir sus ilícitos objetivos; esto último según se infiere de la investigación que se sigue en el Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Con esta actuación, la AVT continúa en su línea de denuncia de los Estados-Santuarios de terroristas, como ya hiciera a mediados de febrero. Entonces Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la Asociación, denunció que era vergonzoso que "los terroristas se vayan de vacaciones 20 años al Caribe y no pagaran por sus delitos". Anteriormente, el pasado 6 de agosto la AVT ya formuló una queja por la negativa de Venezuela a extraditar a un terrorista porque según su legislación había prescrito el delito.
Las víctimas necesitamos que ningún país del mundo que se precie de "democrático" dé cobijo a terroristas que huyen de la justicia del país en el que han cometido sus crímenes. Venezuela dice ser un país democrático. Si así lo es debería comenzar por mandar ante la justicia a todos los terroristas que tiene en su territorio y demostrar así, el compromiso que su Gobierno dice tener en la lucha contra el terrorismo.
Si por el contrario no atiene a las demandas internacionales contra los terroristas que disfrutan de sus vacaciones de 20 años de sol y playa, debería ser entonces la comunidad internacional quien tomará medidas en el asunto. No importa cuáles: Extradiciones, boicots económicos, leyes internacionales sobre el terrorismo…
Es necesario recordar al Gobierno de Venezuela que tanto las FARC como ETA están declaradas como organizaciones terroristas por la Unión Europea. Resulta paradójico que alguien que en Europa es considerado un terrorista sea tratado como un angelito de la caridad en Venezuela.
El mensaje de que la impunidad ya no es factible en ningún Estado por lejano que sea, debe calar en todos los Estados, sean democráticos o no. El terrorismo es una amenaza global y corresponde a la comunidad internacional contrarrestarla. Si algún Estado no se suma a la lucha contra esta lacra, deberá ser esta comunidad internacional la que exija responsabilidades y tome las acciones pertinentes.