ACTUALIDAD - 18-11-2024

El Gobierno Vasco concede dos terceros grados más que la Fiscalía no recurre

En el día de hoy en la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) hemos sido informados de que el Gobierno Vasco ha concedido dos nuevas progresiones de grado a sendos presos de ETA, concretamente a Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta. Estas dos últimas decisiones suman 87 progresiones de 69 presos de ETA. En el caso de Otegi se trata de la segunda decisión tras una primera revocación por parte de la Audiencia Nacional y, aunque es cierto que viene a cumplir con los criterios que se venían exigiendo por la Fiscalía, no ha cumplido con las ¾ partes de la condena que exige la ley (ha cumplido en España 16 años de los 22,5 exigidos). En el caso de Sáez de la Cuesta, ha cumplido 23,5 años de condena de los 30 fijados.

Desde la AVT observamos con preocupación el crecimiento exponencial de estas decisiones desde el pasado mes de septiembre, pues el Gobierno Vasco ha concedido ya siete progresiones de grado en apenas dos meses. Algo que nos gustaría subrayar, es que ninguna de estas siete progresiones ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal, de hecho: desde que el presente responsable de estas decisiones ostenta el cargo, no ha recurrido ninguna progresión. Si al crecimiento exponencial de terceros grados le sumamos que no se va a recurrir ninguno, el resultado que nos tememos es que en pocos meses todos los presos de ETA ya disfruten de la semilibertad. Desde la AVT exigimos que, tanto por parte de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco como por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se vuelva a una interpretación rigurosa de legislación penitenciaria que no favorezca la puesta en libertad de los miembros de ETA presos antes de que cumplan con sus límites máximos de cumplimiento de las condenas. Aceptamos que no cumplan más de 30 o 40 años, ni un día más pero tampoco ni un día menos.

A esto debemos añadir nuestra preocupación por el ritmo creciente de concesiones de libertades condicionales por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. En concreto cuatro libertades condicionales concedidas en el mes de octubre y otras tantas de las que tenemos constancia que están siendo gestionadas.

Las víctimas del terrorismo siempre hemos confiando en el Estado de Derecho para hacer justicia a nuestros seres queridos asesinados, y aunque haya decisiones que nos cueste comprender, si son legales, las aceptamos resignadas. Lo que sí pedimos es que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del derecho penal y vacíen de contenido las condenas fijadas en sentencia. 

Con el cariz que está tomando esta situación, tememos volver a los viernes de dolores a los que nos acostumbró el Gobierno de Sánchez con los acercamientos de presos ahora que la competencia penitenciaria está en manos del Partido Socialista de Euskadi (PSE).

Una vez más, las víctimas nos vemos en la tesitura de tener que denunciar los privilegios de nuestros verdugos, mientras a nosotras se nos intenta borrar del mapa. La gran diferencia, es que ahora ya no contamos ni con el apoyo de la Fiscalía. Estamos más solas que nunca.