Desde hace años, las víctimas del terrorismo asisten con estupor a la excarcelación progresiva de los asesinos de sus seres queridos o de quienes les causaron secuelas irreparables, sin haber cumplido íntegramente sus condenas. Desde febrero de 2022, apenas cuatro meses después del traspaso de las competencias en materia penitenciaria al Ejecutivo vasco, 93 presos de ETA han sido progresados a tercer grado.

Sin embargo, estos hechos no son aislados ni fruto del azar, sino una fase más de una estrategia cuidadosamente diseñada para vaciar las cárceles. En ella han participado tanto responsables del Gobierno central y del Gobierno vasco como quienes han marcado las directrices al colectivo de presos de ETA.

El punto de partida puede situarse en los años 2017 y 2018. El 1 de junio de 2018, tras prosperar una moción de censura, Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Pocos días después, el 26 de junio, compareció ante los medios tras una sesión del Consejo Europeo y, en respuesta a una pregunta, afirmó: “ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno (…) es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo”.

A partir de ahí, los pasos fueron conocidos. En primer lugar, la derogación de la política de dispersión. Entre el 13 de septiembre de 2018 y el 24 de marzo de 2023, Instituciones Penitenciarias aprobó 382 traslados de presos de ETA, con el resultado de que actualmente todos se encuentran en las tres cárceles del País Vasco y en la de Navarra. En segundo lugar, la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, efectiva desde el 1 de octubre de 2021.

Paralelamente, en julio de 2017, tras su último debate interno, el colectivo de presos de ETA presentó un documento de conclusiones en el que fijaba la hoja de ruta para alcanzar la excarcelación de sus miembros mediante una estrategia jurídica previamente definida. En dicho documento se establecen los pasos a seguir conforme a la legalidad vigente, pero dejando claro que “no aceptaremos ningún paso que pueda ir en contra del carácter de nuestra militancia política o que pueda ser utilizado políticamente para dañar el proceso de liberación. Que nadie nos pida ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros”.

La hoja de ruta estaba clara; solo hacía falta que alguien la ejecutara. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido desde entonces: acercamientos a cárceles vascas, cesión de competencias para implantar un nuevo modelo penitenciario, progresiones a tercer grado para quienes cumplen formalmente los requisitos legales, flexibilizaciones para quienes no los cumplen y concesión de libertades condicionales. Como consecuencia, en la actualidad solo el 40 % de los presos de ETA (59 de un total de 148) cumple condena de forma continuada en cárceles españolas, sin salidas al exterior.

Ante esta situación, las víctimas del terrorismo se preguntan si todo esto es legal. Y, aunque resulte difícil de comprender, lo es. La legislación penitenciaria es tan laxa que permite estas decisiones, sin que además las víctimas tengan posibilidad alguna de recurrirlas.

Es cierto que la ley exige, en el caso de los condenados por delitos de terrorismo, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y que hayan colaborado activamente con las autoridades. Sin embargo, a continuación, establece que dicha colaboración puede acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de la violencia, el abandono de la actividad terrorista y una petición de perdón a las víctimas del delito. Y aquí reside la trampa: la ley no exige arrepentimiento.

Pero ¿qué es arrepentirse? La norma exige abandonar los fines y medios terroristas y colaborar con la justicia, pero permite que ambas circunstancias se acrediten simplemente firmando un documento en el que se rechace la violencia y se pida perdón a las víctimas concretas. Es decir: firme usted un papel y obtendrá el tercer grado.

Cuando ETA prohibía expresamente estas declaraciones, el hecho de que algún miembro las realizara —fueron muy pocos, por no decir casi ninguno— podía tener algún valor. Desde el momento en que la propia organización adopta una nueva estrategia basada en utilizar la legalidad como “método de lucha” para vaciar las cárceles, estas cartas carecen de todo valor real.

Así, las víctimas observan impotentes cómo las prisiones se vacían antes de tiempo, mientras se les intenta consolar con palabras, aun cuando sienten —y con razón— que el Estado de derecho les ha fallado.