ACTUALIDAD - 06-02-2026

Un nuevo varapalo que vuelve a confirmar que la política penitenciaria deja atrás a las víctimas

Hoy viernes 6 de febrero hemos amanecido con la noticia de que el exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha logrado la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario . A la espera de que se confirmen todos los detalles, lo que ya resulta evidente es que supone un nuevo varapalo para las víctimas del terrorismo.

Una vez más, vemos cómo la legislación penitenciaria se utiliza para beneficiar a los terroristas sin tener en cuenta a quienes sufrimos el dolor irreparable de sus crímenes. El artículo 100.2 se ha convertido en un tercer grado encubierto, una herramienta legal que permite flexibilizar el régimen penitenciario de quienes no cumplen los requisitos necesarios para acceder al tercer grado ordinario.

En los últimos meses hemos visto cómo sanguinarios terroristas como ‘Gadafi’ y ahora ‘Txeroki’ se ven beneficiados por esta artimaña legal. Desde la AVT llevamos años reclamando que las víctimas tengamos la posibilidad de recurrir estas decisiones, al igual que ocurre con la concesión del tercer grado, pero seguimos sin ser escuchadas.

Esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política penitenciaria que, desde hace años, deja atrás a las víctimas. Desde febrero de 2022, apenas cuatro meses después del traspaso de las competencias en materia penitenciaria al Ejecutivo vasco, ha habido 113 progresiones a tercer grado de 93 presos de ETA. Mientras tanto, las víctimas asistimos con estupor a la excarcelación progresiva de los asesinos de nuestros seres queridos o de quienes nos causaron secuelas irreparables, sin haber cumplido íntegramente sus condenas.

Los pasos dados en los últimos años han seguido una dirección clara: el fin de la política de dispersión, todos los presos trasladados a cárceles vascas y navarras, la cesión de las competencias penitenciarias y la progresiva flexibilización de los regímenes de cumplimiento. Todo ello ha contribuido a que, en la actualidad, una parte importante de los presos de ETA acceda a beneficios penitenciarios y salidas al exterior antes de tiempo.

Las víctimas nos preguntamos si todo esto es legal. Y aunque resulte difícil de comprender, lo es. La legislación penitenciaria actual es tan laxa que permite estas decisiones sin que las víctimas tengamos posibilidad alguna de recurrirlas. La ley exige el abandono de la violencia y la colaboración con la justicia, pero en la práctica basta con firmar un documento de rechazo de la violencia y una petición de perdón para acceder a beneficios penitenciarios, sin que exista un verdadero arrepentimiento ni una colaboración real.

Desde el momento en que la propia organización terrorista trazó una estrategia para utilizar la legalidad como vía para vaciar las cárceles, estas declaraciones han perdido todo valor. Sin embargo, siguen sirviendo como base para decisiones que afectan profundamente a la dignidad y la memoria de las víctimas.

Las víctimas del terrorismo sentimos, una vez más, que el Estado de derecho nos da la espalda. No pedimos venganza, pedimos justicia, cumplimiento íntegro de las condenas y que nuestra voz sea tenida en cuenta en decisiones que afectan directamente a nuestro dolor y a nuestra memoria.