La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mantenido este martes, 1 de julio, una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que la nueva presidenta de la asociación, Lucía Ruiz, ha trasladado al Gobierno el sentir del colectivo de víctimas del terrorismo al que representa.

El encuentro ha servido para presentar formalmente a la nueva presidenta de la AVT ante el titular de Interior y para abordar las principales preocupaciones de las víctimas en un momento especialmente difícil para el colectivo, marcado por el profundo malestar ante determinadas decisiones políticas, penitenciarias e institucionales.

Durante la reunión, la AVT ha trasladado al ministro que muchas víctimas sienten que el Gobierno y las instituciones les están fallando. En este sentido, la asociación ha expresado el dolor añadido que provoca ver a EH Bildu convertido en socio preferente del Gobierno, así como la sensación de que, pese a la derrota operativa de ETA, las víctimas no pueden celebrar plenamente esa victoria al comprobar cómo los herederos del brazo institucional de la banda terrorista han adquirido capacidad de influencia en decisiones políticas de primer nivel.

La AVT ha reiterado que, aunque es consciente de las dificultades técnico-jurídicas que existen en torno a una posible ilegalización de EH Bildu, considera inaceptable que se le reconozca como un agente político válido y, mucho menos, como socio preferente del Gobierno. Para la asociación, este reconocimiento supone una nueva forma de revictimización y una profunda falta de respeto hacia quienes sufrieron directamente la violencia terrorista.

 

Otro de los asuntos centrales del encuentro ha sido la política penitenciaria aplicada a los presos condenados por terrorismo. La AVT ha denunciado que se está utilizando la legislación penitenciaria para vaciar progresivamente las cárceles y dejar sin contenido efectivo las sentencias penales dictadas por los tribunales.

La asociación ha recordado que el actual escenario es consecuencia directa del fin de la dispersión y de la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco. Aunque en la actualidad muchas de estas decisiones son adoptadas por el Ejecutivo autonómico, la AVT considera que el origen de esta situación se encuentra en las decisiones adoptadas por el Gobierno central en los últimos años.

En este sentido, la AVT ha trasladado al ministro el profundo sentimiento de traición que existe entre las víctimas, recordando que en una primera reunión mantenida en septiembre de 2018 se les aseguró que no habría cambios en la política penitenciaria. Los hechos posteriores, a juicio de la asociación, han demostrado justamente lo contrario.

La AVT también ha puesto sobre la mesa varias reclamaciones pendientes que considera imprescindibles para reforzar la protección, el reconocimiento y los derechos de las víctimas del terrorismo. Entre ellas, la reforma de la Ley 29/2011 con el objetivo de establecer un régimen sancionador frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo, eliminar el plazo de un año para la presentación de solicitudes y revisar las indemnizaciones con el fin de avanzar hacia una mayor equiparación.

Asimismo, la asociación ha solicitado que se impulse el acto de entrega de encomiendas pendiente y ha trasladado al Ministerio la necesidad de seguir avanzando en el derecho a la verdad y en el derecho a la información de las víctimas del terrorismo. En este ámbito, la AVT está trabajando en la actualización de la información relativa a los casos sin resolver, incluidos aquellos que pudieran estar policialmente esclarecidos o cuyos autores hayan fallecido.

La AVT ha recordado que este proyecto fue planteado en su momento a la Subsecretaría del Ministerio del Interior y que, ante la falta de respuesta, la asociación ha decidido comenzar a trabajarlo por sus propios medios, convencida de que las víctimas tienen derecho a conocer toda la verdad posible sobre los atentados que cambiaron sus vidas.

 

Durante la reunión, la AVT también ha mostrado su preocupación por la pérdida de subvenciones sufrida por la asociación en los últimos años, pese al incremento de las partidas destinadas a entidades de víctimas. Según ha trasladado la asociación, desde 2017 la AVT ha recibido 46.000 euros menos, mientras se han repartido 100.000 euros más en subvenciones.

Por último, la AVT ha reclamado la necesidad de establecer un protocolo claro de actuación después de un atentado terrorista, que garantice una respuesta coordinada, eficaz y sensible con las víctimas desde el primer momento. Para la asociación, la experiencia acumulada durante décadas debe servir para mejorar los mecanismos de atención, información y acompañamiento ante futuros ataques.

La AVT ha insistido en que seguirá defendiendo, ante todas las instituciones, los derechos de las víctimas del terrorismo y los principios de memoria, dignidad, verdad y justicia. La asociación ha trasladado al ministro que no puede haber normalización política ni cierre institucional mientras las víctimas sigan sintiendo que sus reivindicaciones son ignoradas y que las decisiones públicas favorecen a quienes nunca han contribuido de forma sincera al reconocimiento del daño causado.