Desde que, en junio de 2018, el recién nombrado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una «política penitenciaria distinta» en una de sus primeras entrevistas en TVE, desde la AVT pusimos en marcha lo que denominamos Observatorio de Política Penitenciaria, con el objetivo de hacer un seguimiento exhaustivo de esa nueva política.

Desde el principio denunciamos la hoja de ruta que, primero desde el Gobierno central y después desde el Gobierno Vasco, se había fijado -junto con los interlocutores de los presos de ETA- para vaciar las cárceles.

El primer paso fue la progresión a segundo grado de todos los presos condenados por delitos de terrorismo relacionados con ETA. En octubre de 2021 ya no quedaba ningún preso de ETA clasificado en primer grado.

Después llegó el fin de la política de dispersión. Los últimos traslados de presos de ETA a cárceles del País Vasco se aprobaron el 24 de marzo de 2023, con el acercamiento de Irantzu Gallastegi, Asier Borrero, Garikoitz Etxeberria, Gregorio Escudero y Faustino Marcos Álvarez.

El tercer paso fue la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, efectiva desde octubre de 2021, y la implantación de un nuevo modelo penitenciario centrado en potenciar el régimen de semilibertad. El resultado de ese nuevo modelo penitenciario es que, hoy en día, se han acordado 122 progresiones a tercer grado, correspondientes a 97 presos diferentes, y 27 flexibilizaciones del segundo grado mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a aquellos presos que todavía no reúnen los requisitos para acceder al tercer grado.

El cuarto paso fue la aprobación, con nocturnidad, alevosía y de forma sibilina, de la reforma legal que permite a los presos de ETA computar las penas de prisión cumplidas en Francia. La modificación, aprobada en octubre de 2024, está posibilitando que etarras como Txeroki o Anboto hayan podido acceder a la flexibilización del segundo grado o al tercer grado. Y son solo los primeros.

Queda un último paso para conseguir que, en unos pocos años, no queden presos de ETA en prisión: la derogación de la reforma del Código Penal de 2003. Aquella reforma, aprobada mediante la Ley Orgánica 7/2003 y denominada precisamente «de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas», introdujo, entre otras medidas, reglas dirigidas a que determinados beneficios penitenciarios se calcularan sobre la totalidad de las penas impuestas y elevó a 40 años el límite máximo de cumplimiento efectivo en determinados supuestos.

Este último paso llevan años reclamándolo. Lo hicieron con el cómputo de las penas cumplidas en Francia y terminaron consiguiéndolo. Y ahora vuelven a hacerlo con la reforma de 2003.

La última reclamación se produjo el pasado 3 de julio a través de la plataforma Sare, cuyo portavoz, Joseba Azkarraga, sabemos que ha actuado como interlocutor en materia de presos. No parece casual el título elegido para su declaración: «A por el último peldaño de la escalera».

Los anteriores peldaños coinciden con cada uno de los pasos de la hoja de ruta que desde la AVT venimos denunciando desde hace años. Por lo que tan equivocados no estábamos.

Lo advertimos entonces y lo volvemos a advertir ahora, para que después nadie pueda decir que no lo sabía.