La asociación teme que se pretenda neutralizar la discrepancia con oscurantismo y advierte de que las principales perjudicadas por esta decisión serán las víctimas del terrorismo, no las asociaciones que las representan.

13 de octubre de 2026

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) manifiesta su más absoluto rechazo a la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco de dejar de facilitar a las asociaciones de víctimas información sobre los permisos penitenciarios de los presos de ETA.

Estamos ante un gravísimo retroceso en materia de transparencia cuyas principales perjudicadas serán, una vez más, las víctimas del terrorismo. Lo que el Gobierno Vasco presenta como una mejora en su derecho a la información supone, en realidad, la eliminación de uno de los cauces que durante años han contribuido a garantizar que esa información llegara efectivamente a sus destinatarios.

Desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias, la AVT ha mantenido una posición de profunda discrepancia con muchas de las decisiones adoptadas en relación con los presos de ETA. Sin embargo, esa discrepancia nunca nos impidió reconocer y agradecer la transparencia del Departamento de Justicia y su interés real por garantizar que las víctimas recibieran la información a la que tenían derecho.

De hecho, durante aquella etapa se llegó a establecer una colaboración directa entre la Administración y nuestra asociación para identificar a qué víctimas informaba el propio Gobierno Vasco y a cuáles informaba la AVT, con el único objetivo de que ninguna quedara desatendida.

 

Nunca compartimos muchas de sus decisiones penitenciarias, pero siempre reconocimos su voluntad de transparencia. Porque una cosa es discrepar de una decisión y otra muy distinta tratar de ocultarla.

Lamentablemente, con el cambio de responsables al frente del Departamento de Justicia y su asunción por parte del Partido Socialista de Euskadi (PSE), aquella colaboración comenzó a deteriorarse y las dificultades para acceder a la información fueron aumentando.

El último punto de inflexión se ha producido tras el cambio en la presidencia de la AVT y la decisión de nuestra asociación de reforzar su política de comunicación, elevando el tono de protesta y denunciando públicamente las decisiones penitenciarias que consideramos injustificadas.

Resulta especialmente preocupante que, precisamente cuando la AVT decide denunciar con mayor firmeza determinadas decisiones penitenciarias, el Gobierno Vasco opte por poner fin a un cauce de información que había funcionado durante años. Esta coincidencia nos lleva a preguntarnos si se está tratando de neutralizar la discrepancia con oscurantismo y falta de transparencia.

Y si esa fuera la respuesta del Gobierno Vasco a las críticas de la AVT, quienes terminarían pagando las consecuencias no serían las asociaciones de víctimas, sino las propias víctimas del terrorismo.

Conviene recordar que la AVT no es un simple intermediario que recibe y reenvía comunicaciones. Acompañamos a las víctimas, les explicamos el alcance de las decisiones penitenciarias, resolvemos sus dudas y, cuando resulta necesario, les prestamos asistencia jurídica para defender sus derechos.

Recibir una notificación no es lo mismo que estar informado. Y garantizar el derecho a la información de las víctimas exige mucho más que enviarles una comunicación administrativa.

La AVT nunca se ha opuesto a que las víctimas reciban directamente información del Gobierno Vasco. Al contrario, siempre lo hemos defendido. Pero la comunicación directa de la Administración y la colaboración con las asociaciones son perfectamente compatibles y durante años han funcionado de manera complementaria.

Por eso, resulta difícil comprender que una medida presentada como una mejora en la protección de las víctimas tenga que implicar necesariamente la ruptura de esa colaboración.

En cuanto a las acusaciones genéricas sobre supuestas filtraciones e incumplimientos, exigimos que, si existen irregularidades, se identifiquen y acrediten. Pero rechazamos que se utilicen esas afirmaciones para justificar la eliminación de un cauce de colaboración que ha prestado un servicio a las víctimas durante años.

La AVT no necesita que el Gobierno Vasco le facilite información para mantener una posición crítica sobre su política penitenciaria. Pero las víctimas sí necesitan que las instituciones y las asociaciones colaboren para garantizar sus derechos. Y eso es precisamente lo que esta decisión pone en riesgo.

La transparencia de una Administración no puede depender de que las asociaciones de víctimas aplaudan sus decisiones o guarden silencio ante ellas. Y mucho menos puede utilizarse el derecho a la información de las víctimas como instrumento para tratar de acallar las críticas.

Desde la AVT exigimos al Gobierno Vasco que reconsidere esta decisión, recupere los cauces de colaboración que durante años han permitido garantizar el derecho a la información de las víctimas y explique por qué ha decidido prescindir de ellos precisamente ahora.

Si al Gobierno Vasco le incomodan nuestras denuncias, tendrá que acostumbrarse a escucharlas. Lo que no vamos a aceptar es que esa incomodidad se traduzca en menos transparencia y menos garantías para las víctimas del terrorismo.