Tras varios meses, la acusación popular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ">
Tras varios meses, la acusación popular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid ha dado sus frutos y el juez Eloy Velasco tomará declaración el próximo 15 de noviembre a dos testigos –un militar y un diplomático- a los que interrogará sobre las relaciones entre ETA, las FARC y Venezuela.
El pasado mes de julio, la AVT solicitó –dentro del sumario ETA-FARC- la declaración de dos testigos como prueba para explicar la vinculación de ETA con las FARC y los campos de entrenamiento en suelo venezolano en los que se realizaron cursos de adiestramiento a terroristas.
Hay que recordar que en el mes de febrero de 2010, la AVT presentó una querella como acusación popular contra varios miembros de las FARC y de ETA por las relaciones existentes con la banda terrorista ETA para ayudarse a conseguir sus ilícitos objetivos; esto último según se infiere de la investigación que se sigue en el Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Por otro lado, la AVT también ha solicitado que las declaraciones prestadas el pasado lunes por los miembros de ETA Javier Atristain y Juan Carlos Besanze en la Audiencia Nacional en las que reconocían haber recibido adiestramiento en territorio venezolano, sean incorporadas al sumario ETA-FARC.
Ante todas las noticias que están teniendo lugar, aprovechamos la oportunidad para recordar al Gobierno de Venezuela que tanto las FARC como ETA están declaradas como organizaciones terroristas por la Unión Europea. Meses después del auto judicial, es aún más paradójico que alguien que en Europa es considerado un terrorista sea recibido y protegido en Venezuela.
Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo reiteramos un mensaje que ya hemos repetido mil veces: el terrorismo es una amenaza global y corresponde a la comunidad internacional contrarrestarla. Si algún Estado no se suma a la lucha contra esta lacra, deberá ser esta comunidad internacional la que exija responsabilidades y tome las acciones pertinentes. A estas alturas, no debería ser necesario recordar a los Estados que las buenas relaciones internacionales tienen un límite y jamás pueden ser un obstáculo en la aplicación del derecho internacional.