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Intervención asociaciones en la rueda de prensa del 26 de octubre 2010

ACTUALIDAD - 26-10-2010

Intervención asociaciones en la rueda de prensa del 26 de octubre 2010

Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer vuestra presencia hoy aquí y vuestro interés por el trabajo que hemos realizado en relación a la Ley de Víctimas.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Miguel Ángel Blanco y la Fundación Gregorio Ordóñez, hemos querido convocaros hoy aquí para hacer públicas nuestras enmiendas y exigencias en torno a la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que, seguidamente a esta rueda de prensa, entregaremos a los grupos políticos; asimismo, os hemos convocado para expresar una serie de preocupaciones en torno a la política antiterrorista de estos momentos.

Los colectivos aquí representados valoramos positivamente el espíritu de la ley y compartimos los principios rectores que inspiran tanto la exposición de motivos como el articulado: Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.

Consideramos que la Ley que finalmente sea aprobada por las Cortes Generales debe contener los principios morales y políticos que, las víctimas aquí representadas, llevamos décadas reivindicando.

Dichos principios deben traducirse, y por lo tanto deben plasmarse en la ley, en torno a cinco ideas claves que pedimos sean explicitadas en su integridad.

1. No consideramos otro final posible del terrorismo que la derrota de los terroristas. De ahí, la propuesta de modificación del párrafo segundo de la exposición de motivos, al que deberá de añadirse el compromiso del Estado de perseguir la derrota definitiva del terrorismo en todas sus manifestaciones, entendiendo la derrota del terrorismo como su desaparición total, definitiva, unilateral y sin contrapartida de ningún tipo. Exigimos que se recoja en la presente ley el compromiso de los poderes públicos a no emprender ningún proceso de diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas.

2. La presente ley deberá recoger, y así lo proponemos, el compromiso de los poderes públicos para garantizar que ningún partido, agrupación o coalición que apoye, ampare, legitime o justifique el terrorismo pueda acceder a las instituciones democráticas y adoptarán las medidas necesarias para impedir la continuidad de los electos de dichas formaciones, que ya lo hubiesen hecho.

3. En lo que respecta a la Justicia como exigencia básica del Estado de Derecho, a favor del cumplimiento íntegro de las penas y en contra de la impunidad, los poderes públicos trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal.

En este sentido, consideramos imprescindible que se incluya en el derecho de información a las víctimas del terrorismo todo lo relacionado con la información penitenciaria de los condenados por delitos de terrorismo, por lo que proponemos que en el articulado se incluya (dentro del Capítulo II del Título V sobre La víctimas del terrorismo en los procesos penales) un nuevo artículo que recoja el derecho de las víctimas a ser informadas previamente de todas las modificaciones en la situación penitenciaria de los condenados por delito de terrorismo, hasta el momento del cumplimiento íntegro de sus respectivas penas.

Igualmente, y en lo que respecta al ordenamiento penitenciario proponemos una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el sentido de excluir a los condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales de aplicaciones de medidas excepcionales con el objetivo de flexibilizar el sistema penitenciario (por ejemplo, el principio de flexibilización contenido en el Art. 100.2 del Reglamento Penitenciario).

Las víctimas del terrorismo hemos defendido siempre la ley constitucional y hemos delegado en las instituciones nuestro amparo a la Justicia, máxima reclamación en el que todas las víctimas nos sentimos unidas. El derecho a la Justicia y a una reparación digna y proporcional a los delitos cometidos es una línea roja que no se puede traspasar.

4. Por último y en relación a la verdad proponemos que se recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, y que favorezca un desenlace en el que las víctimas sean las vencedoras y los terroristas, los vencidos.

Las víctimas del terrorismo no estamos ni amortizadas, ni rendidas ni acalladas. Estamos preocupadas por declaraciones y acciones que contradicen la línea oficial en la política antiterrorista que especulan con el final de ETA-Batasuna.

Nos preocupa:

• Las últimas declaraciones del Presidente del Gobierno respecto a ETA-Batasuna, en las que ha hecho constar que su supuesto cambio de actitud no va a caer en balde. ¿Está en la cabeza del Presidente "facilitar" la posibilidad de que ETA Batasuna se presente a las elecciones?

• Nos preocupa que se juegue con la exigencia del derecho a la Justicia de las víctimas exigiéndonos, una vez más, generosidad, por parte del Sr. Urkullu; es decir, impunidad para los terroristas.

• Nos preocupa la opacidad de los pactos entre el nacionalismo vasco y el partido del gobierno en lo que respecta al final de ETA. Hay que recordar que el PNV ha estado en contra de las medidas más efectivas para derrotar a ETA, entre otras la propia Ley de Partidos.

La historia del terror de ETA, toda su historia, en sus medios y en su proyecto político no tiene ninguna legitimación posible ni antes ni ahora ni en el futuro y, como mínimo, debe ser condenada; sin ese cumplimiento no es posible reinserción alguna, ni participación en el juego político democrático. Este debe ser a nuestro entender un límite infranqueable.

Estas propuestas que vamos a entregar a los grupos políticos del Congreso para mejorar la futura Ley de las víctimas son la esencia de nuestros objetivos, los principios de política antiterroristas, contrastados como más efectivos en estos cincuenta años de barbarie derivados del Pacto por las Libertades. Si de verdad se trabaja en el fin de ETA, en todas sus formas y pretensiones, tanto tácticas como ideológicas, deberían ser integradas y aceptadas por los representantes de la soberanía popular, sin excepción. De no ser así el resultado final podrá ser una buena ley de asistencia pero insuficiente en su aspiración de una ley marco que satisfaga a las organizaciones aquí representadas y nos proporcione la tranquilidad que nos merecemos para que el final de ETA, no atente contra nuestra dignidad.

SIETE ENMIENDAS A LA NUEVA LEY DE VICTIMAS DEL TERRORISMO

(en negrita, lo nuevo).

A LA EXPOSICION DE MOTIVOS (I):