ACTUALIDAD - 27-04-2011

AVT: "Exigimos que no se limite a impugnar las candidaturas de Bildu sino que actúe contra la totalidad de la coalición y, en su caso, contra los partidos que la componen"

Las víctimas del terrorismo llevamos meses exigiendo al Gobierno que haga absolutamente todo lo que esté a su alcance para impedir el regreso de ETA a las instituciones bajo cualquier fórmula o disfraz.

Por eso, desde un primer momento, le hemos exigido que no se limite a impugnar las candidaturas de Bildu, sino que actúe contra la totalidad de la coalición y, en su caso, contra los partidos que la componen.

Lamentablemente, una vez más, el Gobierno ha hecho caso omiso a las víctimas del terrorismo.

El Gobierno ha hecho la interpretación de la Ley más favorable a la posibilidad de que ETA-Batasuna vuelva a las instituciones. Puesto que la fórmula de la impugnación de las candidaturas –incluso de todas las candidaturas- deja abierta la puerta a que los tribunales permitan discriminar entre las candidaturas, propiciando que algunas o muchas de ellas puedan colarse en los ayuntamientos y diputaciones vascos y navarros.

Es evidente que el Gobierno ha buscado pretextos falsos para no utilizar la vía más eficaz para impedir la vuelta de ETA a las instituciones: la Ley de Partidos.

El Gobierno ha dicho que la Ley de Partidos no es aplicable al caso de Bildu. Eso es falso.

La Ley de Partidos (artículo 12.1.b) establece, con toda claridad, que un partido declarado ilegal no puede servirse de partidos legales para regresar a la legalidad, porque es un fraude. Obviamente, tampoco pueden servir al propósito del partido ilegal, por el simple truco de presentarse en coalición.

Así lo acredita el auto el Tribunal Supremo de 16.05.2009 (Caso Iniciativa Internacionalista), que en su fundamento jurídico 4 establece lo siguiente: "Las consideraciones expuestas resultan trasladables al supuesto que ahora nos ocupa, donde se pretende la anulación de la candidatura de una coalición electoral de dos partidos políticos, pues su naturaleza no difiere de la que resulta predicable de los partidos que la conforman a los efectos que aquí nos atañen".

El Estado de Derecho español cuenta con las herramientas legales para impedir una nueva estafa de ETA a la democracia. La mejor de esas herramientas, por eficaz, por clara y por segura, es la Ley de Partidos. Al no utilizarla contra Bildu y contra los partidos que la componen, el Gobierno abre una grave duda sobre su voluntad política de cerrar definitivamente la puerta a ETA, dando además la apariencia de que si ETA vuelve a las instituciones no será una responsabilidad suya, sino de los tribunales. Pero ya ocurrió en el pasado, con ANV, y la responsabilidad fue claramente del Gobierno.

Las víctimas del terrorismo no vamos a aceptar un ANV bis. No vamos a aceptar otro partido o coalición mitad legal, mitad terrorista en las instituciones, porque eso aniquilaría nuestras esperanzas de una derrota definitiva de ETA.

Aquí no hay listas blancas y negras. Aquí hay una coalición negra formada por aquellos partidos que, en contra de todo criterio democrático y moral, han optado libremente por convertirse en pista de aterrizaje de una organización terrorista que ha asesinado a más de 850 personas en nombre de un proyecto totalitario.

Si ahora ETA consigue colarse en las instituciones a través de algunas candidaturas de Bildu, la responsabilidad política, jurídica y moral será del Gobierno y de todos los que no están actuando con coraje y contundencia, contra la posibilidad de que ETA vuelva a las instituciones. Muy especialmente aquellos que, como el lehendakari Patxi López, no han tardado ni 24 horas en retratarse como abogados defensores de Bildu, haciendo público su deseo de que la demanda fracase y la coalición-trampa pueda finalmente presentarse a las elecciones del 22 de Mayo.